VALÈNCIA. En las últimas semanas han proliferado en redes como TikTok e Instagram una serie de perfiles anónimos en los que se comparten memes y vídeos sobre la vida de los centros educativos. Se trata de las llamadas cuentas 'curis', un término que procede de "curimomo", un formato que trata de hacer parodia a través de dibujos sencillos, en ocasiones deformados.
Este tipo de perfiles han ido ganando espacio en el algoritmo de las redes en los últimos días, incluso con centros que se han llegado a encontrar con más de una cuenta activa de manera simultánea. En ocasiones — y es ahí donde surgen la mayoría de los problemas — el formato se emplea con la intención de señalar o ridiculizar a alumnos, profesores o algún otro trabajador del centro desde la sensación de impunidad que permite el anonimato.
El formato no ha pasado desapercibido para ninguno de los eslabones de la comunidad educativa: los centros han empezado a tomar cartas en el asunto, los sindicatos reclaman protocolos específicos de protección de profesores y alumnos, y la Conselleria de Educación defiende la capacidad del nuevo decreto de Convivencia para poder atacar la situación.
En general, este tipo de cuentas se dedican a retratar momentos curiosos de la vida del instituto, aunque algunas de las publicaciones van más allá al señalar algunos profesores por algunas de las decisiones tomadas en clase o a otros compañeros por su forma de ser o incluso por haber incumplido las normas durante el recreo. Entre algunos de los institutos localizados por este periódico en TikTok se encuentran Les Alfábegues (Bétera), El Puig, Joaquín Sorolla (València) o el Benicàssim.
Tal ha sido el impacto de este tipo de perfiles, que la Policía Nacional ya advertía el pasado viernes de las repercusiones que puede tener la publicación de este tipo de contenido: "En función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles", advertía.
En este sentido, la Policía señalaba que las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios "pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar". "Este tipo de contenido, aunque se utilice una caricatura, un apodo o una referencia a una clase, puede permitir que sus compañeros la reconozcan, aunque no aparezcan su fotografía o su nombre completo", remarcaba.
"Ataques directos al profesorado"
El sindicato UGT ha constatado casos en varios centros educativos valencianos con publicaciones que, a su forma de ver, "traspasan todos los límites" y se convierten "en ataques directos al profesorado mediante insultos, burlas vejatorias y montajes destinados a ridiculizar y humillar". Una nueva "forma de ciberacoso" que se prolonga más allá del horario escolar y que utiliza las redes sociales para "extenderse rápidamente".
"Una cosa es hacer una broma sobre una situación cotidiana del instituto y otra muy distinta es señalar, insultar, difundir rumores o elaborar montajes para humillar a una profesora o un profesor", apuntan desde el sindicato, que añaden: "Cuando una publicación permite identificar a una persona y se utiliza para atacarla, deja de ser una simple broma y puede convertirse en una forma de acoso con consecuencias personales y profesionales".
Ante la situación, reclaman al departamento que encabeza Carmen Ortí "una normativa específica para prevenir y abordar el ciberacoso contra el profesorado" que recoja instrucciones para los centros educativos y "garantías de protección" para los docentes afectados.
Además, reclama una campaña de formación para que alumnos y familias puedan ejercer un uso responsable sobre las redes sociales. "Las familias deben conocer la importancia de acompañar y supervisar el uso que hacen sus hijos e hijas de las redes sociales, y el alumnado debe comprender que el respeto a los demás también es obligatorio en internet", insiste el sindicato, que asegura que estudia la posibilidad de llevar a la Fiscalía los casos que le están llegando.
Medidas frente al acoso y ciberacoso
Por su parte, desde la Conselleria de Educación defienden que el decreto de Convivencia aprobado a finales de año cuenta con protocolos específicos frente a agresiones dirigidas contra los docentes, "incluso cuando estas conductas se producen fuera de los centros educativos". La normativa valenciana reconoce que los conflictos no se limitan al espacio físico de los centros y tipifica como faltas graves las agresiones, amenazas, injurias y ofensas al profesorado, así como el acoso y ciberacoso.
Entre las sanciones previstas en las agresiones graves se incluye la apertura de un expediente disciplinario, así como diferentes tipos de medidas disciplinarias, entre las que se incluye la suspensión de asistencia al centro, el cambio de grupo, la realización de tareas educativas fuera de horario lectivo o incluso el cambio de centro "cuando concurran circunstancias de especial gravedad que impidan la normal escolarización futura del alumnado en el centro".
Así, la propia consellera señala que la Comunitat "no ha tenido que reaccionar ahora" porque esta normativa "dota a los centros educativos de instrumentos para actuar frente a los ataques al profesorado". "Estamos al lado de los docentes y reforzamos la protección al profesorado frente a comportamientos que pueden producirse fuera de las aulas, pero cuyos efectos repercuten directamente en la convivencia escolar", añade Ortí.
Mayor intervención con políticas públicas
Por su parte, este periódico ha consultado con el profesor de la Universitat de València y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Ricard Martínez, quien considera el fenómeno 'curi' el "último ejemplo de una situación que ha ido degenerando" y que evidencia la necesidad de una política integral frente a lo que ocurre en las redes sociales.
Martínez considera que la Conselleria de Educación debe implicarse, aunque aboga por abordar el problema desde una perspectiva global, con distintos organismos y grados de responsabilidad. En este sentido, recuerda que TikTok, como proveedor de servicios, está sujeto a obligaciones legales en materia de servicios digitales y protección de los usuarios.
Además, apunta a la posibilidad de que la autoridad de protección de datos actúe de oficio si aprecia riesgos para los datos personales. En cuanto a posibles vulneraciones del derecho al honor o a la intimidad del profesorado, señala que los propios docentes pueden emprender acciones, al tratarse de derechos que afectan a su esfera personal.
En todo caso, para Martínez, "no basta con que el docente se enfade y denuncie", sino que debe haber una intervención por parte de la Conselleria. Así, plantea que los centros educativos aborden el fenómeno y pongan sobre la mesa los "perjuicios y el impacto sobre la vida de las personas" que pueden tener estos comportamientos, tanto para el profesorado como para los menores afectados.
El profesor también propone crear un grupo de trabajo con la Fiscalía de Menores e implicar a la Policía de Delincuencia Informática si se detectan posibles delitos. Asimismo, apunta a la intervención de las autoridades competentes en materia de servicios digitales y protección de datos. A su juicio, estas medidas deberían estar acompañadas de "políticas públicas orientadas a la concienciación, formación y actuación en toda la comunidad educativa".
