VALENCIA. "Era una empresa absolutamente desregularizada". Esta frase proviene de uno de los responsables actuales del control de Imelsa, la empresa pública que se ha convertido en el epicentro de la investigación del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre presuntos delitos que habría cometido una trama relacionada con el anterior gobierno del PP en la corporación provincial.

Así, la Diputación de Valencia liderada por Jorge Rodríguez ya impulsó una auditoría forense del ente público a través de la firma Grant Thornton. Fuentes del entorno de la cúpula provincial subrayan que el 82% de las adjudicaciones estudiadas en los últimos años (concretamente desde 2012) se realizaron "a dedo" y a razón de 50.000 euros cada una. Este precisamente era el tope económico que tenía autorizado Imelsa para la contratación indiscriminada -sin ningún tipo de concurso- y que, a la vista del citado informe, se utilizó ampliamente para adjudicar servicios de manera arbitraria.

Del forensic, realizado por la citada empresa y que fue trasladado a la Fiscalía meses atrás, se desprenden varias conclusiones. El informe apunta a tres líneas importantes de investigación donde se detectan irregularidades: el sistema informático catastral, la actuación sobre instalaciones deportivas (campos de fútbol, piscinas... etcétera) y los patrocinios deportivos, donde se señala principalmente a los acuerdos que atañen a la marca Terra i Mar.

No es el único problema que envuelve a Imelsa. Las pesquisas realizadas en la auditoría forense también señalan a posibles irregularidades realizadas en materia de contratación de personal. Así, según las fuentes consultadas, se detectan numerosas designaciones "sin ningún control ni criterio" para tal efecto. En este sentido, tampoco cuando se producían mesas de contratación se salvan las presuntas irregularidades, puesto que existen correos electrónicos cruzados en los que se exponen detalles y 'recomendaciones' acerca de la actuación a seguir respecto a determinadas adjudicaciones de plazas. Unos hechos que apuntan a "posibles amaños" en la incorporación de personal.

El cambio: la aplicación del sistema Corporate Compliance

Desde la llegada del nuevo gobierno a la Diputación de Valencia, se han tomado determinadas medidas para evitar lo que las citadas fuentes califican como "absoluto descontrol" en empresas públicas como Imelsa. Así, una de las primeras iniciativas ha sido, además de la citada auditoría forense, la aplicación del sistema conocido como Corporate Compliance. Un método procedente de EE UU que, en el caso de la empresa pública fue iniciado por el despacho Cuatre Casas, y que consiste en establecer unas medidas de control del delito partiendo de un mapa de riesgos concreto para un determinado ente.

Así, tras la entrada de la consultora en cuestión, se realiza un profundo análisis del funcionamiento de la empresa y, posteriormente, se establece un protocolo de actuación según las diferentes actuaciones. Además, se fija un código ético para el ente y se habilita una herramienta destinada a las denuncias internas encaminado a ser otro mecanismo de control.

Por otro lado, tal y como informó este diario el miércoles, la Diputación de Valencia estudia personarse en la causa como acusación con el objetivo de "recuperar el dinero robado", según informaron fuentes de la corporación provincial.