VALENCIA. La empresa pública Impulso Económico y Local SA (Imelsa) ha provisionado en sus cuentas medio millón de euros para cubrir el resto de la posible indemnización a 16 trabajadores del ente que fueron despedidos el pasado año en el cambio de gobierno.

Este personal, algunos de ellos cargos de relevancia dentro de la sociedad, recibió en conjunto un total de unos 700.000 euros (casi 44.000 euros de media) cuando se procedió a su despido el pasado ejercicio, una cantidad con la que se hizo caso omiso al nuevo convenio que se había aprobado precisamente 20 días antes de las elecciones. 

Una maniobra que, desde la dirección actual del ente, se califica como "blindaje" por parte del gobierno del PP de los citados puestos para los que se habilitaron unas condiciones "leoninas" que, a su juicio, incluso "ponen en peligro la propia viabilidad de la empresa".

El exgerente de Imelsa Rafael Soler impulsor del acuerdo y Alfonso Rus, en la etapa del PP al frente de la Diputación

En este sentido, fuentes del departamento de Personal señalaron a este diario que la cláusula introducida para estos trabajadores apuntaba a que se les aplicaría "prácticamente la misma legislación que a los representantes sindicales de los trabajadores" con una mejora económica incluida de las condiciones en caso de despido. Una situación que hubiera obligado al ente público a desembolsar en torno a 1,2 millones de euros para indemnizar al citado personal, lo que elevaría la media de los despidos a unos 75.000 euros por afectado.

De esta manera, desde el citado departamento de Imelsa señalaron a este diario que la sociedad actuó ciñéndose a la ley pero deberá esperar a la decisión que pueda adoptar el juez respecto a los recursos interpuestos por parte de varios de estos trabajadores.

Es por ello que, tal y como refleja la ley, si hay un gasto que puede darse en 2016 que provenga de 2015, tiene que hacerse una provisión en las cuentas por el máximo del capital que pueda suponer. En este caso, según los cálculos del citado departamento, en torno a medio millón de euros 'extra' de la empresa pública.

Por otro lado, las fuentes consultadas del departamento de Personal subrayaron que, pese al blindaje aplicado por el PP a cierto grupo de trabajadores, los despidos no se realizaron "en clave política" sino que se basaron "en los servicios existentes y los que se consideraban necesarios para la reestructuración de la empresa en pos de una mejora de la gestión pública".