VALÈNCIA (EP). El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dictaminado que la empresa municipal AUMSA no puede alterar los precios de venta de las Viviendas de Protección Oficial (VPP) que previamente había adjudicado a través de una oferta pública de viviendas con unas condiciones concretas de localización, tamaño y precio, según ha indicado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El dictamen, emitido en respuesta a una solicitud de la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, establece que no cabe ningún tipo de modificación de las condiciones de venta de unas viviendas que se adjudicaron a través de una convocatoria "sujeta a los principios de libre concurrencia, transparencia y objetividad", ha agregado en un comunicado.

Aminorar o alterar el precio de venta a posteriori por parte de Aumsa supondría, según el informe del CJC que ha recogido el consistorio, un "menoscabo de dichos principios y del propio patrimonio de la entidad".

El CJC sostiene que tampoco procede, como habían reclamado algunos inquilinos a Aumsa, la minoración del precio de venta de los inmuebles en el 100% de las cantidades abonadas en concepto de arrendamiento o en un porcentaje superior al 55% (al 60% en el caso de jóvenes) porque las condiciones de adjudicación de las viviendas se habían fijado en la convocatoria oficial a la que concurrieron.

Atender la pretensión de los inquilinos implicaría, según ha recogido el consistorio, "facilitar las condiciones de acceso a las viviendas, una situación que perjudicaría a las familias que descartaron presentarse a la convocatoria por no poder asumir el precio y que sí lo podrían haber hecho con las condiciones modificadas y más ventajosas".

El informe añade un segundo motivo para descartar una posible aminoración del precio de las VPP por parte de Aumsa. El destino de lo recaudado por la venta de viviendas se destina necesariamente a la compra de suelo y/o construcción de nuevas viviendas públicas por lo que si se redujera el precio de venta se estaría mermando el patrimonio de la empresa pública así como su capacidad para ofertar nuevas viviendas de alquiler asequible a las familias que en la actualidad las necesiten.

En atención al dictamen del CJC, la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana ha recordado que si no ejercen la opción a compra de las VPP podran seguir de alquiler, tal y como consta en los requisitos que establece Aumsa y que impide que las personas sin recursos puedan quedarse sin vivienda.