VALÈNCIA (EFE). Los economistas del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) han propuesto este jueves suprimir el impuesto de patrimonio, que podría mantenerse como declaración informativa.

En un encuentro con medios para presentar sus propuestas de cara a la futura reforma fiscal, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha considerado que el impuesto de patrimonio "está creando muchos problemas", es ineficiente y apenas recauda, por lo que debería ser suprimido.

Sin embargo, el Consejo propone convertirlo en una declaración informativa, que asumiría la de bienes en el extranjero (el modelo 720), como una especie de censo que complementara la información tributaria para la declaración de la renta y del impuesto de sucesiones.

Asimismo, los economistas plantean la posibilidad de limitar la capacidad de las comunidades autónomas para modular el impuesto de sucesiones, de manera que se restringiera a los tipos y bonificaciones, es decir, a partir de la base liquidable.

"Armonizar no significa subir impuestos", ha advertido el presidente del REAF, Agustín Fernández, que ha defendido buscar un "equilibrio" entre las normativas gubernamental y autonómica.

En términos generales, los economistas defienden la necesidad de revisar la utilidad de los regímenes especiales y beneficios fiscales del sistema tributario, ya que su eliminación permitiría incrementar la recaudación sin subir los tipos, así como garantizar una cierta estabilidad normativa.

En materia de IRPF, los economistas plantean tener en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo de las pérdidas y ganancias, así como por revisar los mínimos personales y familiares para fortalecer la progresividad.

De hecho, el secretario técnico del REAF, Luis del Amo, ha abogado por deflactar la tarifa del IRPF -ajustarla a la inflación- al menos "con cierta periodicidad" cuando la subida de precios "ha sido suficientemente importante".

En el impuesto de sociedades, proponen eliminar, una vez superada la crisis, la limitación a la exención de dividendos de filiales en el exterior, así como revisar "disfunciones" como las restricciones a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o los coeficientes de amortización de inmovilizados.

También plantean poner en marcha una deducción vinculada al incremento y mantenimiento de plantilla y mejorar el incentivo a la creación y aportación a planes de empleo.

Los economistas proponen modernizar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) y ponen encima de la mesa la posibilidad de crear una administración tributaria única compartida por Estado y comunidades autónomas.

Por lo que respecta a la fiscalidad medioambiental, plantean incentivar comportamientos positivos y compensar a los colectivos vulnerables por eventuales incrementos de la presión fiscal ambiental.

También piden centralizar la regulación de los impuestos autonómicos, que actualmente están "muy dispersos", unificar los impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Determinados Medios de Transporte, que además deberían modularse en función de las emisiones.

Para mejorar la lucha contra el fraude, ven necesario reforzar la relación cooperativa con la administración tributaria, incluida la valoración de la asesoría fiscal; establecer sistemas de asistencia a nuevos contribuyentes, acortar el plazo de revisión y comprobación o agilizar la resolución de litigios fiscales.