VALÈNCIA. (EFE). El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.

Con este nuevo decreto, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas establece un concierto social, que sustituirá al actual modelo de subvención, con las entidades del tercer sector que gestionan centros y servicios previstos en la Ley y en el Catálogo de Servicios Sociales.

Según el Consell, esta norma surge de la necesidad de reordenar un sector que en los últimos años "ha sufrido una situación de irregularidad por el uso de la fórmula de subvenciones a las entidades por la prestación de servicios, falta de control e inestabilidad en el pago de las mismas".

El nuevo concierto social regulará la actividad desarrollada por las entidades de iniciativa social, "garantizará la transparencia, publicidad y eficiencia, asegurará la calidad en el servicio a las personas y otorgará estabilidad financiera a las entidades y laboral a los profesionales que trabajan en ellas".

Con estos objetivos, el decreto recoge la regulación del régimen jurídico, procedimiento y sistema de selección de entidades y servicios, requisitos y condiciones de los acuerdos de acción concertada, para su implantación progresiva en los distintos sectores de servicios sociales.

El nuevo modelo de concierto beneficiará a 442 centros gestionados por entidades de iniciativa social, principalmente a centros de personas con diversidad funcional, 217 en total, y a 103 centros personas mayores, según el Consell.

Asimismo, "dará estabilidad al servicio que reciben 9.581 personas usuarias de algunas de las plazas o servicios ofrecidos por las entidades".

Por sectores, 1.267 corresponden al sector de infancia y adolescencia, 410 a inclusión social, 6.222 a personas con diversidad funcional y 1.682 al sector de personas mayores.

También se conciertan las actuaciones de recursos de protección de las mujeres, personas migrantes y familias.

La aplicación del decreto "dará también estabilidad a los profesionales que trabajan en estos sectores, 4.765 solamente en el sector de diversidad funcional y personas mayores", según datos del Consell.

Respecto a los requisitos y obligaciones de las entidades, se contempla la necesidad de estar debidamente acreditada, disponer de solvencia técnica y financiera, tener experiencia en la atención del colectivo, gratuidad total del servicio y disponer de un certificado de calidad.

Para este último aspecto se van a utilizar diversos sistemas de calidad según el sector, y paralelamente la Conselleria desarrollará su propio decreto de acreditación con un sistema de inspección y calidad a todo lo que dependa del sector público.

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas consignará anualmente en sus presupuestos los créditos necesarios para financiar los acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social en los diferentes sectores.