VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el cual se crean y regulan los Comités de Ética del Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana.

Se trata de uno de los decretos que desarrolla la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y que establece el régimen jurídico, composición, organización y funcionamiento de los Comités de Ética del Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, esta ley supone un nuevo modelo de organización y gestión que parte de considerar como derecho subjetivo unas prestaciones de calidad al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, los comités de ética serán "órganos colegiados, consultivos e interdisciplinares con personas expertas que velarán por los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales mediante la identificación, análisis, evaluación y orientación sobre los aspectos éticos que surjan en la práctica de la intervención profesional y sobre aquellas decisiones que les afecten".

Así, el decreto aprobado establece el régimen jurídico tanto del Comité de Ética de los Servicios Sociales adscrito a la Conselleria competente en esta materia, como los que se puedan crear en los municipios y en los centros de servicios sociales a lo largo de la Comunitat Valenciana.

El nuevo modelo de servicios sociales establece, "como axioma de compromiso social y político, la conceptualización de las intervenciones profesionales bajo los criterios de la ética y la calidad en la prestación y la garantía de protección de los derechos de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales".

Junto a los demás decretos desarrollados por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el marco de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, el objetivo con esta regulación es "generar un sistema coherente, organizado y planificado que se guíe por los criterios de calidad, eficiencia y accesibilidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y garantizar la protección de derechos de las personas".