VALENCIA (VP). El pleno del Consell ha aprobado la disolución definitiva de Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., mercantil que se encontraba en preconcurso de acreedores desde enero de este año. Asimismo, se han cuantificado provisionalmente las pérdidas en cerca de tres millones de euros.

"Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L." fue creada en julio de 2004 por el entonces Consell, teniendo como socio minoritario, con una participación del 49%, al ya desaparecido Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA).

Seis años después, el Gobierno Valenciano aprobó una adquisición del 2% de las participaciones de esta sociedad, con lo que el IVVSA pasó a ser socio mayoritario de la misma y Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas se convirtió en empresa pública de la Generalitat.

Según explican desde el Consell, la operación no contó con la preceptiva autorización del Consell, tal como establece la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat. En el informe realizado por la Intervención de la Generalitat se señalan numerosas irregularidades, tanto en el proceso de constitución, en el año 2004, como en la ampliación de capital de 2010.

Además, tras la revisión del proceso de constitución de esta sociedad, se ha comprobado que no quedan acreditadas las circunstancias que motivaron su creación, como sociedad de capital mixto, para la construcción y gestión de viviendas protegidas.

La sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. se encuentra en varios supuestos que, en virtud del Real Decreto 1/2012, son causa de disolución, como son el cese de su actividad, la paralización de los órganos sociales y las pérdidas en las que ha incurrido a lo largo de los años.

Además, durante estos años, no hay evidencia de que esta sociedad haya ejecutado ningún acuerdo para resolver la situación de disolución en la que se encuentra.

Ante esta situación, la Intervención de la Generalitat aconsejó realizar las acciones necesarias para proceder a la liquidación de la sociedad y exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de los perjuicios generados a la Hacienda Pública de la Generalitat, que se cuantifican en cerca de tres millones de euros.