VALENCIA. El director de los servicios jurídicos de la empresa pública Imelsa, Enrique Grau Freixa, ha asegurado este lunes que el contrato que se hizo en Imelsa investigado en esta pieza separada de la Operación Taula era legal desde el punto de vista jurídico.

Grau asegura que estuvo en la mesa de contratación no tenía voto, aunque admitió la tensión existente con el también imputado Salvador Dehusa, jefe de sección de evaluación y planificación de Imelsa.

Grau Freixa ha sido el primero en declarar por la pieza separada del call center de recaudación que se le otorgó a la empresa Servimun, empresa vinculada al exsuegro del gerente de Imelsa Marcos Benavent, que le fue otorgado por un montante de 2'26 millones de euros.

Durante la jornada también está previsto que declaren Manuel Lopez Montoliu, jefe de unidad de procesos masivos tributarios; Salvador Dehusa, jefe de sección de evaluación y planificación de la Diputación y Ricardo Francisco, Ángel Marí jefe de servicio de recaudación tributaria también de la Diputación de Valencia.