VALÈNCIA. (EFE)  La ley de la Generalitat que regula el Fondo de cooperación local saldrá adelante con el único apoyo de los grupos el Botànic, pero será recurrida por el PP, por considerarla "ilegal" y contraria a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la ley de Bases de régimen local.

El pleno de Les Corts ha debatido este miércoles las enmiendas que quedaban vivas en la tramitación de esta norma, que será votada en la sesión de este jueves, y donde toda la oposición ha anunciado su voto en contra, incluido Ciudadanos (Cs), que durante el debate en comisión optó por la abstención.

"Son ustedes los que han provocado nuestro voto en contra", ha asegurado a diputada de Cs Mamen Peris al PSPV, Compromís y Unides Podem, por no haber aceptado ninguna de las enmiendas de su grupo parlamentario a una ley que, a su juicio, solo pretende "obligar a la Diputación de Alicante" a participar de este fondo.

El diputado de Compromís Silverio Tena ha afirmado que las enmienda de Ciudadanos "no había por dónde cogerlas", pues lo único que pretenden es "vaciar de contenido esta ley" que, según ha defendido, habla de "ayudar" a los pueblos, "de ir todos a una" y de "no dejar a nadie atrás".

Desde el PP han anunciado que recurrirán la norma pues en ella se comete "una doble ilegalidad" por "forzar y obligar" a las diputaciones a participar del fondo "de forma coactiva" y "por repartir el fondo con un criterio estrictamente poblacional".

El único objetivo, ha asegurado el diputado popular José Antonio Rovira, es "someter a la Diputación de Alicante", y ha destacado que en ninguna comunidad autónoma de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en este fondo".

El diputado de Vox José María Llanos ha insistido en la misma idea, al afirmar que la ley es "ilegal" y que únicamente busca "controlar" a una diputación que no es del signo político de los integrantes del Botànic, y obligar a estas instituciones a asumir competencias de la Generalitat y el Estado.

El socialista Ernest Blanch ha defendido que se trata de una ley que garantiza la suficiencia financiera de las entidades locales y potencia su autonomía, al darles "confianza y libertad" para decidir qué hacer con los fondos, y ha asegurado que no hay ningún alcalde ni alcaldesa en contra de la norma.