MADRID. (EUROPA PRESS). El Estado no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años, de forma que "se quedará con ellas" para "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas". Ello afecta a la concesión de la AP-7 entre Tarragona y Alicante -gestionada por la filial de Abertis Aumar-, que expira en 2019.

Así lo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que no concretó la fórmula que el Estado baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si las explotará directamente o bien sopesa volver a sacar a concurso la concesión de su gestión.

"Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de ninguna autopista", aseguró De la Serna. "La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla", añadió.

El ministro se pronunció de esta forma en el pleno de control al Gobierno del Congreso al ser preguntado por las autopistas de Cataluña, si bien hizo extensiva su respuesta a todas las vías en la misma coyuntura.

El grupo de autopistas de peaje que culminan en los próximos años el plazo por el que en su día se contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación son la AP-1 Burgos-Armiñón, que vence en 2018, la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, en 2019, y dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona), en 2021. Abertis e Itínere son las compañías que actualmente tienen su concesión.