VALÈNCIA (EFE). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, que transpone la directiva europea sobre la materia y modifica la Ley de contratos de crédito al consumo y la de contratos de crédito inmobiliario.

Este proyecto normativo, explica el Gobierno en una nota, "refuerza la protección de los consumidores financieros", especialmente de los que están en situación de vulnerabilidad económica, ya que les garantiza que se respetan sus derechos y les ofrece soluciones para afrontar sus deudas.

De forma específica, los prestamistas deberán contar con una política de renegociación de deudas, comunicar a los consumidores cualquier modificación del contrato y, para créditos al consumo, se limitan los intereses de demora.

También favorece la nueva normativa la estabilidad financiera, ya que facilita que las entidades puedan vender sus carteras de créditos, lo que les permite sanear sus balances y mejorar su solvencia, añade.

Con este objetivo, el anteproyecto de Ley regula la compraventa de créditos dudosos y contratos de crédito dudosos realizado por entidades de crédito de la Unión Europea que estén sujetos a la normativa española, estableciendo unas reglas comunes para establecer la operativa de este mercado.

El proyecto normativo, que se someterá a audiencia pública para recoger las opiniones de los operadores económicos, regula, en primer lugar, la actividad de administración de créditos dudosos, que consiste en el cobro o la renegociación de este tipo de créditos, y requerirá a partir de ahora la autorización previa del Banco de España.

Con el fin de proteger a los consumidores, se establecen como requisitos para obtener esta autorización disponer de un sistema interno adecuado de gestión de reclamaciones, así como una política adecuada que garantice la protección y el trato justo a los prestatarios.

También se regula la compraventa de créditos dudosos, de forma que se asegure que se mantienen las condiciones y derechos de los prestatarios y que se trasladan las obligaciones de transparencia, protección e información, entre ellas el cumplimento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido, añade la nota.