VALÈNCIA (EP). El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y con encargo a la empresa pública Tragsa, asumirá las actuaciones de peritación, valoración y cuantificación en alcance y contenido económico de los daños materiales, tanto en los bienes públicos como privados, de un total de 41 ayuntamientos afectados por la dana del 29 de octubre.
Las entidades locales incluidas en el anexo del Real Decreto Ley 6/2024 han podido encargar estas acciones de evaluación a través de un protocolo "de adhesión voluntaria", que se ha facilitado a los ayuntamientos afectados mediante suscripción electrónica, y que sigue "operativo" para aquellos consistorios que todavía no hayan realizado la petición, pero que requieran este servicio.
Con la prestación de asistencia técnica de apoyo a las entidades locales, que en el caso de los bienes públicos se hace en colaboración con la Diputación de València, el Gobierno de España pretende "facilitar y agilizar el proceso de detección de los daños sufridos por la dana por parte de los consistorios, para impulsar así la reconstrucción y reposición de bienes e infraestructuras municipales", según ha informado el Ejecutivo central.
Los municipios que se han adherido al protocolo del servicio de asistencia técnica de Tragsa son Alaquàs, Albalat de la Ribera; Alborache; Alcàsser; Alcúdia; l'Alfafar; Alfarb; Algemesí; Alzira; Benetússer; Beniparrell; Bugarra; Camporrobles; Carlet; Catarroja; Caudete de las Fuentes; Chera; Fortaleny; Fuenterrobles y Gestalgar.
También Llombai; Loriguilla -sólo núcleo urbano junto A3-; Macastre; Massanassa; Paiporta; Picanya; Picassent; Polinyà de Xúquer; Quart de Poblet; Real; Requena; Sedaví; Siete Aguas; Silla; Sot de Chera; Tavernes de la Valldigna; Turís; Utiel; Vilamarxant; Yátova y Mira.
