VALÈNCIA (EP). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de ayudas a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables, línea que estará dotada inicialmente con 250 millones de euros.

Según informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera, el objetivo de estas ayudas pasa por desplegar renovables que tienen un grado de innovación o valor añadido por su capacidad de integración tanto en el territorio como en los sectores productivos, al tiempo que se impulsa el autoconsumo colectivo y el despliegue de la bomba de calor para descarbonizar la climatización.

Esta línea de ayudas, que estará dotada inicialmente con esos 250 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU, se dirigirá a impulsar este tipo de proyectos en territorio español incrementando la capacidad de potencia renovable y almacenamiento.

En la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta criterios económicos, así como el grado de madurez de la propuesta y externalidades positivas de los proyectos.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, será el encargado de gestionar estas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y se instrumentarán como una subvención a percibir por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto.

Se subvencionarán proyectos enfocados a impulsar la innovación en energías renovables en líneas de actuación diversas como proyectos de agrivoltaica, fotovoltaica flotante, asociados a infraestructuras, autoconsumo colectivo con participación de consumidores vulnerables, e instalaciones de bomba de calor renovable.

La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden de bases se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de marzo de 2026. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda y tendrán que respetar el principio de "no causar un daño significativo" al medioambiente.