VALÈNCIA (EFE). El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido a la Brigada Provincial de Policía Judicial que investigue quiénes formaron parte del gabinete de Vicepresidencia de la Generalitat entre febrero y diciembre de 2017, y que investigue los correos que intercambiaron entre ellos y con el jefe de gabinete de octubre a diciembre de 2019.

El primer periodo, de 2017, corresponde a las fechas en las que se conocieron los hechos denunciados por una menor tutelada en un centro de la Generalitat que sufrió abusos por parte de un cuidador, en ese momento marido de la entonces vicepresidenta y consellera de Igualdad del Gobierno valenciano Mónica Oltra.

El segundo periodo, de 2019, es durante el que se produjo el primer juicio contra el monitor (fue repetido meses después con el mismo resultado), que se saldó con una condena de cinco años de prisión (que ya firme tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo).

Esta petición para ampliar la investigación fue realizada por la acusación popular que ejerce la asociación Gobierna-te, de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, a la que se ha adherido también la acusación que ejerce Vox.

El citado juzgado investiga a un total de quince personas para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Mónica Oltra.

La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno.

Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación.

Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox y Gobierna-te como acusaciones populares, han iniciado un proceso judicial contra la Conselleria.

Este proceso se basa la supuesta omisión del deber de custodia y protección y pretende determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

Actualmente, además de Oltra, se encuentran procesadas personas que ocuparon cargos en las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad, así como jefes de sección, psicólogos y personal de centros de menores.