VALÈNCIA (EFE) El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar en calidad de investigada a la ex cogerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís) el próximo 30 de enero, y el mismo día a un perito de las defensas que ha elaborado un informe que concluye que la gestión de Jorge Rodríguez no resultó perjudicial para la citada empresa pública.

En una providencia fechada el pasado viernes, a la que ha tenido acceso EFE, el juez instructor ha acordado la comparecencia de Brines a las 9.30 horas, que solicitó declarar de forma voluntaria.

Asimismo, se recibirá a las 10 horas al economista y auditor de cuentas José Andreu, que ha elaborado un informe a solicitud del expresidente de la Diputación y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (ex del PSPSV, actualmente en La Vall ens Uneix), en el que analiza las cuentas de la entidad Divalterra entre 2015 y 2018, así como la evolución de sus presupuestos, para concluir que la gestión del órgano de administración no perjudicó económicamente a dicha entidad.

En las conclusiones de dicho informe, al que ha tenido acceso EFE, se indica que las cuentas de Divalterra -siempre en el periodo mencionado- fueron auditadas de forma externa y que dichos informes no presentaron salvedad alguna.

Asimismo, se insiste en que en este periodo se produjo “una reducción importante de los costes de personal y de explotación, lo que supuso un importante beneficio para la Diputación, socio único de Divalterra”, al verse reducidas las necesidades de financiación.

“El superávit presupuestario acumulado en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 asciende a más de 8,8 millones de euros, lo que pone de manifiesto que la gestión presupuestaria realizada por la dirección de la sociedad, ha sido correcta”, subraya este perito, que concluye que “se puede afirmar que, la gestión del Órgano de Administración y su presidente, Jorge Rodríguez Gramaje, no ha perjudicado económicamente a la entidad Divalterra, S.A”.

En el conocido como caso Alquería se investiga la contratación supuestamente irregular de nueve personas en cargos directivos de Divalterra, todos ellos vinculados al PSPV y Compromís, y constan como investigados, además de Jorge Rodríguez y estos directivos, otras seis personas.

Se trata de quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.