VALÈNCIA (EFE). El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut, ha derogado el código ético del organismo, así como todas las resoluciones, circulares e instrucciones dictadas en relación con el mismo.

Esto implica la supresión del comité de ética y la rescisión de la colaboración de sus miembros, y la eliminación del buzón de denuncias internas, gestionado por este comité de ética sobre cualquier tipo de irregularidad, infracción o mala práctica.

Según la resolución publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenicana (DOGV), la agencia inicia los trámites para adherirse al código ético o de conducta que se está elaborando por Les Corts Valencianes.

Señala que si en el plazo de seis meses no se hubiera aprobado y publicado el correspondiente código ético por el parlamento autonómico, se iniciará la tramitación de un nuevo código ético por parte de la agencia o la adhesión, en su caso, al código ético de otra institución pública.

La resolución establece que se realizarán los trabajos necesarios para que las solicitudes presentadas hasta la fecha por el buzón de denuncias del comité de ética tengan su correspondiente expediente electrónico en la plataforma de gestor de expedientes, con toda la documentación aportada, y ser trasladados al buzón SII-AVAF, para dar respuesta a las cuestiones planteadas.

También resuelve notificar a los miembros de este comité la presente resolución, y dar por finalizada su colaboración con la agencia, agradeciéndoles los servicios prestados.

La resolución se adopta vistos la documentación elaborada por la Dirección de Prevención y el informe jurídico elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, y con la conformidad de los delegados de personal y de los representantes sindicales de la mesa de negociación, según el documento.

Contra la decisión, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el director de la agencia, y recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.