VALÈNCIA (EFE). El ex alto cargo valenciano que pidió sacar del juicio de Gürtel un informe que hizo "en defensa" de la Generalitat ha declarado este miércoles que se siente "indignado" porque desde la administración nunca le dijeron que sus conclusiones nutrirían el proceso en el que está acusado el expresident Francisco Camps.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a Camps y a más de una veintena de acusados por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel ha escuchado este miércoles la declaración del ex director general de la Abogacía General de la Generalitat y de un perito de la Intervención General de la Administración del Estado.

El primero de ellos, Jesús Emilio Torrejón, elaboró un informe a petición de la administración en respuesta de las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que ponían bajo sospecha algunos contratos que se juzgan en este proceso.

Torrejón solicitó sin éxito al tribunal que retirase su informe del juicio y anulase su citación al considerar que concurrían causas de "abstención" porque era "evidente" que se hizo "desde una perspectiva de defensa de la legalidad de la actuación de la Administración" valenciana y buscaba "de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados", algo que impide la ley.

Durante su declaración este miércoles, el perito ha subrayado su indignación dado que la administración no le dijo que su informe lo enviarían al juzgado ni dio autorización para ello; pensaba, ha dicho, que era "para uso interno", para tener una "respuesta jurídica" a las conclusiones de la UDEF.

Según ha explicado, en el "entorno de Presidencia" había "mucho malestar" con el informe de la UDEF, aunque no ha sabido precisar si su jefa, la entonces abogada general de la Generalitat Isabel Villalonga, habló con el expresidente Francisco Camps.

El perito ha reconocido que elaboró sus conclusiones sin tener acceso a ninguno de los expedientes y contratos que examinó la UDEF, aunque ha dejado claro al mismo tiempo que, "jurídicamente", está "convencido" de lo que dijo, y ha asegurado que no recibió indicaciones para elaborar el informe.

Camps está acusado de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor de la feria de turismo Fitur de 2009 a una empresa de la trama Gürtel.

La Fiscalía pide para él 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación y acusa también en este juicio a varios exconsellers y ex altos cargos de la administración, así como a los considerados cabecillas de la trama.