VALÈNCIA (EFE). El Sindicato de Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ha recibido un "aluvión de peticiones" de afiliados para adherirse a la demanda colectiva tras la sentencia de un juzgado de Alicante que condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a facultativos por su desprotección en la primera ola de covid-19.

El fallo del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, hecho público el pasado 11 de enero, condena Sanidad a indemnizar a los médicos, con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.000 euros, por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia.

Se trata de la primera demanda ganada de un total de cinco que, además de en Alicante, presentaron en juzgados de Elche, Benidorm, Castellón y Valencia, y las que estaban adheridos un millar de afiliados al sindicato.

Tras hacerse público el fallo, el sindicato lanzó el pasado 20 de enero a sus afiliados la posibilidad de adherirse a la demanda colectiva, y desde entonces se ha recibido un "auténtico aluvión de peticiones" de las tres provincias de la Comunitat, han indicado a EFE fuentes del sindicato.

En el área de Alicante se han recibido alrededor de 30 y en la provincia de Valencia han sido 43, aunque de Castellón no han podido facilitar datos, según las fuentes, que han recordado que la fecha límite para remitir la documentación en caso de querer adherirse a la demanda colectiva es el 31 de marzo.

"Es un goteo constante", ha señalado a EFE el secretario general del CESM-CV, Victor Pedrera, quien aseguró a EFE tras conocer el fallo judicial, que la sentencia suponía un "espaldarazo" para los sanitarios.

El fallo, contra el que la Generalitat anunció la presentación de un recurso de casación, afirma que la Conselleria de Sanidad tiene "la obligación", en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de "adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales".

Añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, "por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado".

Establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; de 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19.

La cantidad de 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y de 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.