VALÈNCIA (VP). María José Salvador, portavoz adjunta del grupo socialista en las Corts Valencianes, ve "grave" que el Consell se salte los reparos de la Abogacía al "decretazo Simplifica" y advierte de que hay muchos "choques" con la Constitución "que tendrán que ser analizados"

Le parece especialmente grave y preocupante la "inseguridad jurídica" que van a generar los cambios, sobre todo por el "uso generalizado" de las declaraciones responsables, y sobre todo, la supresión de la consulta pública previa en los Planes de Acción Territorial, que darán pie "a la arbitrariedad en la concesión de licencias ambientales".

“A los socialistas nos parece grave el hecho de que el Consell del señor Mazón haga caso omiso de manera reiterada a las recomendaciones de los informes de la Abogacía de la Generalitat sobre diferentes medidas que se adoptan en este Decreto Ley Simplifica, el ‘decretazo ómnibus’, especialmente las numerosas advertencias sobre los problemas que puede generar esta técnica legislativa en materia de inseguridad jurídica”, indica.

Asimismo, incide en que le parece “particularmente muy grave” que los Planes de Acción Territorial no cuenten con consulta pública previa, cuya eliminación prevé el ‘decretazo ómnibus’. “Es preocupante que el Consell de Mazón haga caso omiso a esta recomendación de la Abogacía de que todos estos procedimientos en materia de planificación territorial tengan que contar con consulta pública previa, advirtiendo incluso de la posibilidad de que haya arbitrariedad en la concesión de licencias ambientales. Ya imaginamos cuál es la motivación del señor Mazón para aprobar este decreto que, más que simplificar, lo que hace es atentar contra la seguridad jurídica, especialmente, ante los posibles choques con el texto constitucional, choques que tendrán que ser analizados. Y ya adelantamos que, en la tramitación del decreto como proyecto de ley, los socialistas plantearemos todas las enmiendas necesarias atendiendo especialmente a las recomendaciones que realiza la Abogacía de la Generalitat”.

“En este ‘decretazo ómnibus’, nos preocupan especialmente los reparos de los letrados de la propia Generalitat sobre la intrusión en la autonomía local, llegando a cuestionar incluso si son proporcionadas las multas de un millón de euros en el marco de las declaraciones responsables”, comenta Salvador.

“Para los socialistas, el procedimiento de declaración responsable y su uso generalizado también nos preocupa ya que plantea serias dudas en materia de seguridad jurídica y de garantías en el procedimiento administrativo. Además, entran a regular competencias que son estrictamente de la administración local”, añade.

También hace hincapié en el hecho de que la Abogacía alerte de que se obligue a los ayuntamientos a contar con un técnico especializado en simplificación administrativa “cuando la propia Abogacía advierte de que las plantillas municipales son reducidas y no pueden tener capacidad para contar con un técnico con las características que se reclaman, con conocimientos tecnológicos y de simplificación administrativa, algo de lo que el Consell del señor Mazón hace caso omiso”.