VALÈNCIA (EFE). El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una investigación de oficio a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al considerar que su actuación al denegar la renta valenciana de inclusión (RVI) a aquellas personas que, durante la resolución de la ayuda, estaban trabajando "no solo es una injusticia sino que puede vulnerar sus derechos".

La decisión del Luna se debe a las "reiteradas y numerosas quejas" de personas que han acudido a esta institución denunciando que habían solicitado la RVI cumpliendo todos los requisitos para que se la concedieran, pero se les denegaba porque en el momento de la resolución habían estado empleadas por un corto espacio de tiempo, ha informado el Síndic en un comunicado.

"Ni la ley ni el decreto que la desarrolla hacen ninguna referencia a la denegación de esta ayuda económica cuando en el momento de su resolución la persona interesada se encuentre percibiendo ingresos si durante los meses anteriores, desde que se realizó la solicitud, no disponía de los mismos", ha resaltado la institución, que ha señalado que es por ello por lo que se abre una investigación de oficio.

Al denegar esta prestación económica, afirma el defensor valenciano, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "ignora el derecho que la persona tenía a la renta valenciana de inclusión durante los meses en los que no percibía ingreso alguno".

"Es más, si la Conselleria hubiera resuelto la ayuda en el plazo máximo legal fijado de 6 meses, la persona solicitante la hubiera cobrado", recoge el texto.

Así, afirman que la administración "no puede ignorar el periodo de tiempo en el que una familia ha sufrido, especialmente, meses en los que ha dejado de pagar facturas o ha contraído préstamos que ha de devolver posteriormente".

"Nos preocupa el efecto desmotivador en la consecución de empleo por parte de solicitantes de esta ayuda, en especial cuando intuyen que la resolución de la RVI puede estar próxima", sostiene el defensor valenciano.

Por todo ello, el Síndic ha solicitado a la Conselleria que le remita, en el plazo máximo de un mes, un informe en el que responda a qué apartado legislativo determina que las solicitudes de RVI realizadas cuando la persona interesada cumple todos los requisitos para ser beneficiaria se denieguen cuando en el momento de la resolución la persona está trabajando.

Asimismo, pregunta si la Conselleria valora que con dichas resoluciones está negando una ayuda a la que tenía derecho la persona solicitante, así como también por qué no cumple el mandato legal y aprueba resoluciones favorables, con una suspensión posterior de la ayuda y reactivándola cuando sea el caso.