CASTALLA. La empresa Actiu, con sede en Castalla, forma parte ya del engranaje de la contratación pública centralizada del Estado en materia de mobiliario. La compañía alicantina ha formalizado su entrada en dos lotes del Acuerdo Marco, un gran instrumento con el que la Administración General del Estado ordena la compra de mobiliario de oficina y equipamiento asociado durante los próximos años.

El acuerdo marco, tramitado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene un importe máximo de 300 millones de euros y una duración prevista de 36 meses. No se trata de un contrato al uso, sino de una estructura que fija condiciones comunes, tipologías de producto y proveedores homologados para que, posteriormente, ministerios y otros organismos públicos puedan realizar compras concretas mediante contratos basados.

En ese contexto, Actiu figura como adjudicataria y con formalización ya firmada en dos de los lotes del acuerdo. El primero es el correspondiente a despachos de dirección y mesas de estrado. El segundo es el de muebles de oficina general.

La documentación administrativa fija además el inicio de la vigencia operativa del acuerdo marco en enero de 2026, concretamente desde el día 15. A partir de esa fecha, Actiu queda habilitada como proveedor en los lotes adjudicados y podrá suministrar mobiliario a los organismos que recurran al acuerdo marco para cubrir sus necesidades.

El alcance de esos suministros está delimitado por los pliegos técnicos. En el lote de despachos de dirección y mesas de estrado se encuadran los elementos propios de los espacios de representación y decisión dentro de la Administración, como mesas principales y auxiliares, extensiones, mesas de reuniones, armarios y librerías, bloques de cajones y el mobiliario específico para salas de vistas o estrados. Se trata de un lote vinculado a los espacios institucionales de mayor visibilidad dentro de los edificios públicos.

El lote de muebles de oficina general, por su parte, abarca el grueso del equipamiento de trabajo cotidiano. Incluye mesas de oficina en distintas configuraciones, sillas de trabajo y de visita, mesas de reuniones, mostradores, armarios, archivadores y otros elementos destinados a puestos operativos, zonas comunes y áreas de atención al público. Es el lote que concentra una parte sustancial de las compras recurrentes de la Administración en materia de mobiliario.

La presencia de Actiu en estos dos lotes no implica, sin embargo, un volumen económico cerrado ni automático. El propio acuerdo marco establece que muchos de los términos económicos se concretarán en una fase posterior. Los precios y los importes efectivos se fijarán en cada uno de los contratos basados que se liciten al amparo del marco, en función de las necesidades concretas de cada organismo. Es en ese segundo nivel donde se materializa el gasto y donde cada proveedor homologado puede resultar adjudicatario de pedidos específicos.

Este matiz es clave para entender el funcionamiento del acuerdo. El techo de 300 millones de euros corresponde al conjunto del marco y a todos los proveedores que resulten adjudicatarios en los distintos lotes. La entrada de Actiu le permite competir y suministrar dentro de ese sistema, pero no determina por sí misma una cifra de facturación asociada.

Junto a los aspectos técnicos y económicos, la formalización incorpora también las condiciones habituales de este tipo de contratos centralizados. En el caso del lote de despachos de dirección, Actiu ha constituido una garantía definitiva de 10.000 euros, mientras que en el lote de mobiliario general la garantía asciende a 25.000 euros. En ambos se establece un plazo de garantía de 36 meses para los suministros, conforme a lo previsto en los pliegos.