VALÈNCIA. La Audiencia Provincial de Valencia juzgará a partir del martes 25 de noviembre a una treintena de personas por el presunto fraude cometido entre 2011 y 2014 en el ya desaparecido Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido).

En el banquillo se sentarán 11 extrabajadores de Aido (Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen), entre ellos el expresidente del Consejo de Administración, el exdirector gerente y el exsubdirector, junto a otras 22 personas, que fueron clientes o responsables de empresas proveedoras, acusados de un delito continuado de falsedad documental y de cuatro delitos de fraude de subvenciones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Fiscalía mantiene que, en los años 2011 a 2014, los procesados puestos de acuerdo y con el fin de obtener ayudas en una cantidad superior a las que les hubiera correspondido en el caso de declarar los gastos reales, presentaron memorias y expedientes de justificación de proyectos con gastos y compras a proveedores que, o bien no se habían producido, o bien no se habían aplicado al desarrollo del proyecto. Todo ello, según el Ministerio Público, con la intención de obtener ayudas y subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Industria.

La Fiscalía solicita para los acusados penas que oscilan entre los quince años y diez meses y los cinco años de prisión.

Lo denunció el Ivace

Fue precisamente el Ivace el que en 2015 presentó una denuncia por supuestas irregularidades en la justificación del gasto de las subvenciones comunitarias otorgadas a Aido, instituto ubicado en Paterna. Fue el juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad la que se hizo cargo del caso.

El Ivace remitió en marzo de 2015 a Fiscalía diferente documentación al respecto y el organismo público decidió abrir una investigación, que en junio llegó al punto de que la Policía realizara diferentes registros y arrestara al entonces director de la empresa, Emilio Pérez, que quedó en libertad con una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la empresa.

Según se desprende de algunos de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), Aido quiso ocultar al Servicio Valenciano de Empleo (Servef) un contrato de cursos de formación que le subvencionó, al tiempo que ordenó a mercantiles, a través de diferentes correos electrónicos, modificar facturas y conceptos para justificar ayudas.

En concreto, entre la documentación examinada por la Udef se encontraban unos correos referentes a los cursos de formación que, subvencionados por el Servef, también se impartían en la sede de Aido. En uno de estos correos figuraba un contrato entre Aido y otra mercantil en el que se podía leer, anotado a mano, "no enseñar al auditor del Servef".

Se trataba de un contrato por el que Aido se comprometía a impartir los cursos de formación subvencionados a otra entidad en el marco del Plan de Formación Profesional dirigido a trabajadores ocupados del sector de Producción Audiovisual.

Así mismo, la Udef constató del contenido de otros correos, mucho menores en cantidad respecto a los relacionados con proyectos de investigación, prácticas similares a otras justificaciones de subvenciones llevadas a cabo en Aido.

Junto a ello, también se "reconstruyeron" diversas facturas de varias empresas relacionadas con un proyecto de una mercantil y de Aido, así como albaranes de varias entidades de los que no constaba relación alguna con algún proyecto de investigación en concreto.

Aido cerró tras la denuncia

Meses después de la denuncia y de inicio de la investigación, Aido despidió a sus 54 trabajadores y echó el cierre tras 27 años de actividad. Poco antes había despedido a su director general, Emilio Pérez, uno de los investigados por presunto fraude.

La sociedad, que debía cinco meses de nómina a los trabajadores, solicitó a continuación el concurso de acreedores y la liquidación.