CASTELLÓ. La industria azulejera afronta un nuevo paso en la aplicación del sistema de derechos gratuitos de emisión de CO₂ para el periodo 2026-2030, pero el escenario definitivo para las empresas cerámicas todavía no está cerrado. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de las asignaciones gratuitas para las instalaciones industriales españolas da curso al procedimiento, aunque la patronal azulejera Ascer mantiene la atención puesta en la modificación planteada por la Comisión Europea en julio para reducir parcialmente el recorte inicialmente previsto para determinados sectores.
El Gobierno ha ratificado la asignación de 38,1 millones de derechos anuales hasta 2030 para 664 instalaciones industriales, una cifra que supone una reducción del 1,6% entre 2025 y 2026 en el conjunto de la industria. La medida aplica el acuerdo europeo vigente y eleva, según los datos facilitados por el Ejecutivo, el déficit de cobertura de las asignaciones gratuitas para la industria —incluidas cogeneraciones y otras instalaciones de combustión— del 20% al 21,3%.
Desde Ascer señalan que lo aprobado por el Gobierno constituye uno de los últimos pasos del procedimiento previo a la entrega de los derechos gratuitos a las instalaciones y que la asignación es conforme al acuerdo de la Unión Europea aprobado inicialmente, que contemplaba un recorte del 34% para el sector.
La patronal recuerda que todavía queda pendiente la publicación en el BOE, donde deberá figurar la asignación concreta correspondiente a cada instalación. Pero, sobre todo, mantiene la mirada puesta en la modificación planteada por Bruselas en julio, que supone una leve minoración del recorte para los sectores incluidos en el benchmark de combustible y que continúa en proceso de aprobación.
Este último movimiento es clave para la cerámica española. La Comisión Europea modificó en julio su propuesta inicial y suavizó el recorte de derechos gratuitos que iba a afectar a los sectores industriales sujetos a los benchmarks de calor y combustible. De esta manera, Bruselas se comprometió a que la reducción inicialmente prevista del 34% se rebajaría en algo más de diez puntos, hasta situarse en torno al 20%. Esta decisión se adoptó a modo de solución salomónica tras descartar la principal reivindicación del sector azulejero: un valor de referencia específico para la cerámica que tuviera en cuenta las características tecnológicas del proceso productivo y la limitada disponibilidad actual de alternativas al gas. Esta reivindicación, liderada por las patronales española e italiana, así como sus representantes institucionales en la UE, se topó con la negativa de Alemania y Francia, quienes consideraron finalmente que un benchmark propio para el azulejo penalizaba a sectores industriales de sus propios países.
De hecho, el planteamiento que sigue defendiendo Ascer parte de que la industria azulejera se encuentra en una situación singular dentro de la transición energética. El 93% de sus emisiones están vinculadas al proceso de combustión, por lo que la reducción de los derechos gratuitos tiene un impacto especialmente relevante mientras las tecnologías alternativas al gas no están todavía suficientemente maduras y competitivas para permitir una sustitución a gran escala.
La patronal considera, por ello, que la modificación anunciada por Bruselas en julio puede aliviar parcialmente el impacto, pero no resuelve el problema de fondo. De ahí que, tras la aprobación del Gobierno, Ascer insista en que continúa trabajando para lograr "un tratamiento más justo y alineado con la realidad tecnológica del sector".
El desenlace de esta tramitación será especialmente relevante para una industria que ya sufrió en 2025 una reducción del 8% en las asignaciones gratuitas, hasta situarse en alrededor de 1,4 millones de derechos. Ese mismo año, el coste de las emisiones de carbono para la cerámica española se elevó hasta los 56,2 millones de euros, un 53% más que en 2024, mientras que 61 instalaciones registraron un déficit conjunto de 769.000 toneladas de CO₂.
El sector afronta así la entrada en vigor del nuevo periodo de derechos de emisión en un contexto de elevada presión sobre sus costes industriales y de incertidumbre en los mercados internacionales.
Ascer mantiene, por tanto, abierta la batalla institucional para que esa corrección salga adelante y para que, en futuras revisiones del sistema europeo de comercio de emisiones, se incorporen referencias específicas para los subsectores cerámicos que permitan adaptar las asignaciones a su realidad tecnológica y a los esfuerzos de descarbonización realizados por las empresas.
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