Crecen las empresas zombis en la Comunitat: más de 175.000 firmas no tienen actividad real

Empresas

El fenómeno responde tanto al fracaso de proyectos empresariales que no llegan a consolidarse como a los costes de liquidar las sociedades y a los cambios de autónomos a empresas por motivos fiscales

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VALÈNCIA. Se contabilizan como vivas, pero realmente no lo están. Forman parte de los registros oficiales, pero no producen ni generan ningún tipo de servicio. Ocupan estadísticas sobre el tejido económico, pero no crean riqueza. Así se encuentran más de 175.000 mercantiles valencianas, cuya situación ha llevado a diversos estudios a calificarlas como "empresas zombi".

Se trata de compañías que no registran actividad real y que en el caso de la Comunitat Valenciana suponen el 47% del total de compañías inscritas, según el último análisis de Iberinform, que revela un pequeño crecimiento de este fenómeno. Y es que el ​​​​​​dato actual, relativo al cierre de 2025, sitúa a la Comunitat Valenciana un punto por encima respecto al año anterior y un punto por encima de la media nacional de este mismo ejercicio. Además, el pasado año rompe con tres años donde el porcentaje de empresas zombi ha estado estático en el 46%.

Ese 47%, si se pone en relación con el parque empresarial registrado, que oscila entre las 370.000 y las 385.000 sociedades, se traduce en más de 175.000 firmas sin actividad. No hay una única causa detrás de esta situación, aunque uno de los perfiles más habituales es el de autónomos y micropymes que no han formalizado el cierre de sus sociedades pese a haber cesado su actividad, en ocasiones por los costes que supone liquidarlas.

Así lo explica Alfredo Hernández, vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), quien señala que la falta de depósito de las cuentas anuales constituye uno de los indicadores que sustentan la clasificación de estas empresas como inactivas. En muchos casos, apunta, se trata de negocios que han dejado de funcionar, pero que no han completado los trámites necesarios para extinguir su personalidad jurídica.

"Generalmente y para evitar problemas con las administraciones públicas se comunica la inactividad a la AEAT y la TGSS, pero se omite cualquier otro paso", explica Hernández. Es decir, la sociedad puede dejar de desarrollar su actividad económica y comunicarlo a Hacienda y a la Seguridad Social, pero continuar figurando en los registros mercantiles porque sus responsables no han formalizado su disolución y liquidación.

El coste de cerrar una empresa que ya no genera ingresos

Detrás de esta situación también hay una cuestión económica. La extinción de una sociedad implica afrontar trámites y gastos notariales, registrales y tributarios que pueden convertirse en un obstáculo para negocios que ya no generan ingresos. "Estamos ante una actividad que no va a generar más recursos, por lo que afrontar costes adicionales no tiene mucho sentido", apunta el vicedecano del COEV.

En estos casos, los antiguos responsables de la empresa consideran que asumir nuevos gastos para cerrar formalmente una actividad que ya no funciona supone un desembolso innecesario. "Esa actividad no solo no produce los rendimientos esperados, sino que además genera pérdidas, por lo que incurrir en gastos adicionales no es una decisión aceptable", añade.

Para Hernández, el elevado porcentaje de sociedades inactivas también permite aproximarse a otra realidad: la cantidad de proyectos empresariales que no han conseguido consolidarse. "Este gran porcentaje de empresas inactivas revela el volumen de fracaso empresarial, de proyectos que no llegaron a consolidarse y es, en cierta manera, un registro acumulado de ese fracaso que, como se ve, es muy elevado", sostiene.

El economista considera que analizar las razones de ese fracaso requiere estudiar cada caso por separado, ya que puede responder a una idea de negocio equivocada, problemas en su ejecución o a un entorno desfavorable. En cualquier caso, el dato refleja las dificultades que afrontan las empresas para crecer y consolidarse, especialmente en un territorio en el que la microempresa sigue teniendo un peso predominante.

Cambios de autónomo a sociedad y motivos fiscales

Sin embargo, no todas las sociedades que aparecen como inactivas responden a negocios que han fracasado o que han cesado definitivamente su actividad. Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), identifica otros supuestos relacionados con la forma en que se organizan los negocios y con las decisiones fiscales de los trabajadores por cuenta propia.

Uno de ellos es la constitución anticipada de una sociedad para poner en marcha un proyecto que todavía no ha comenzado a generar ingresos. Se trata de empresas que se crean para preparar una futura actividad, registrar marcas o patentes o disponer de una estructura jurídica antes de que el negocio esté plenamente operativo. Abad resume esta situación como el "por si acaso me monto una sociedad porque tengo un proyecto que puede salir".

El presidente de UPTA también apunta al cambio de forma jurídica de autónomo a sociedad. Algunos profesionales preparan esa transformación antes de finalizar el ejercicio fiscal para comenzar el siguiente año con una estructura empresarial diferente. Durante ese proceso, la sociedad puede estar constituida y figurar en los registros sin haber empezado todavía a facturar.

Esta transición, según Abad, está relacionada en parte con las diferencias de tributación entre desarrollar una actividad como persona física o hacerlo a través de una sociedad. El responsable de UPTA sostiene que el tratamiento fiscal de determinados gastos resulta más favorable para las empresas que para los autónomos, lo que puede incentivar ese cambio.

Como ejemplo, señala las dificultades que encuentran los trabajadores por cuenta propia para deducir gastos vinculados a su actividad cuando desarrollan el trabajo desde su domicilio o utilizan un vehículo tanto para fines profesionales como personales. En cambio, considera que las sociedades disponen de más posibilidades para justificar y deducir determinados desembolsos.

Abad apunta que este tipo de decisiones también se refleja en el crecimiento de los autónomos societarios, cuyo número ha aumentado un 10% en la Comunitat Valenciana durante los dos últimos años, según los datos que maneja la organización. A su juicio, existe un desplazamiento hacia fórmulas societarias impulsado, en parte, por las diferencias fiscales entre ambas modalidades.

Sociedades sin movimiento económico

El presidente de UPTA identifica también otras situaciones en las que una empresa permanece constituida pese a no desarrollar actividad económica. Entre ellas menciona sociedades sin movimiento, con balances a cero, o compañías que se mantienen preparadas para emprender una actividad futura. También apunta a la existencia de sociedades vinculadas a otras empresas o a personas del mismo entorno familiar que no registran operaciones económicas.

En este último grupo, Abad advierte de posibles casos en los que la estructura societaria se mantiene por motivos relacionados con la cotización de los autónomos societarios. El responsable de UPTA señala que algunas personas pueden conservar una sociedad sin actividad económica y seguir vinculadas al régimen de autónomos societarios, una situación que, en su opinión, puede responder a estrategias de planificación de prestaciones futuras.

A estos supuestos añade las denominadas empresas puente, constituidas para prestar determinados servicios o canalizar operaciones concretas y que posteriormente dejan de tener movimiento. También recuerda que hay negocios que suspenden temporalmente su actividad porque todavía no han despegado o porque sus responsables están preparando otros proyectos.

En cualquier caso, Abad considera que la permanencia de sociedades sin actividad económica pone de manifiesto las diferencias entre mantener una empresa inscrita y desarrollar realmente un negocio. En este sentido, apunta que para algunos titulares resulta más sencillo mantener la sociedad y cumplir con determinadas obligaciones fiscales que afrontar los trámites y costes de su liquidación.

El fenómeno no se limita a las sociedades mercantiles. El presidente de UPTA señala que cerca del 8% de los autónomos en España declara no tener actividad o registrar ingresos inferiores a 3.000 euros anuales, una situación que, aunque responde a una estadística distinta, también refleja la existencia de negocios con un nivel de actividad muy reducido.

Alicante encabeza la inactividad por provincias

La incidencia de sociedades sin actividad real varía según la provincia, situando a Alicante a la cabeza del territorio autonómico. Alicante lidera la Comunitat Valenciana con un 51% de empresas inactivas sobre el censo oficial. Valencia se sitúa en segundo lugar con un 44%y Castellón registra la menor proporción, con un 41%.

Evolución temporal de la inactividad registral

Los datos de Iberinform reflejan un aumento de un punto en el último informe tras tres años de estabilidad en el 46%, aunque la cifra se mantiene por debajo de los niveles registrados en los años de la pandemia.

Años  Ejercicio analizado % de empresas inactivas (Comunitat Valenciana)
2026 Cuentas 2025 47 % (Repunte de 1 punto)
2025 Cuentas 2024 46 %
2024 Cuentas 2023 46 %
2023 Cuentas 2022 46 %
2022 Cuentas 2021 51 %
2021 Cuentas 2020 51 %

 

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