VALENCIA. El año que está a punto de cerrarse certificará la caída en desgracia de los que fueron los hombres más poderosos de las finanzas valencianas. La crisis de CAM, Bankia, Banco de Valencia y Ruralcaja se ha llevado por delante a sus gestores, enredados en su inmensa mayoría en denuncias judiciales que amenazan con marcar sus agendas durante un tiempo nada desdeñable.
Aunque la crisis de CAM estalló en 2011, sus exdirectivos, entre ellos el hombre que dominó con mano de hierro la entidad en la última etapa, Roberto López Abad, han sido objeto de varias querellas por su gestión, incluida una presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que acusa al exdirector general de haberse lucrado personalmente con hasta cinco operaciones de la caja de ahorros. A López Abad y a varios de sus hombres de confianza en la dirección de CAM les queda un calvario judicial, con otras querellas presentadas por diversos colectivos de afectados.
En una situación similar, aunque en este caso las acusaciones se limitan a una mala gestión de la entidad, están los exconsejeros de Bankia. Las querellas presentadas contra los responsables del banco en la etapa que lo dirigió Rodrigo Rato han llevado a todos ellos a desfilar durante las últimas semanas por la Audiencia Nacional.
Por allí han pasado José Luis Olivas, Antonio Tirado, Rafael Ferrando, Ángel Villanueva, José Rafael García Fuster o Francisco Pons, todos con la condición de imputado. El objetivo de la investigación que lleva el juez Fernando Andreu es saber si los dirigentes de Bankia falsearon las cuentas y si sacaron la entidad a bolsa a sabiendas de su crítica situación económica.
Algunos de estos mismos protagonistas tendrán que afrontar, posiblemente, un trámite similar también en la Audiencia Nacional, después de que el juez que llevaba el caso en Valencia se inhibiera. En este caso hay presentada una querella por parte de una asociación de pequeños accionistas contra los exgestores de Banco de Valencia. El juez que lleva el caso llegó a llamarlos a declarar hace unos meses, pero finalmente lo aplazó. Todo el consejo que presidía José Luis Olivas primero y Aurelio Izquierdo después, incluido el dimitido Domingo Parra, exconsejero delegado, están pendientes de ese proceso
Pero no es el único problema que tiene los que fueron miembros del consejo de administración del Banco de Valencia. El Banco de España está estudiando abrir un expediente a todo el anterior consejo por la mala gestión que desembocó en la crisis de la entidad. De hacerlo, una resolución contraria a los intereses de los antiguos accionistas podría afectar a su actividad profesional de aplicarse algún tipo de inhabilitación.
Además, los juzgados también están analizando, a instancias del FROB, hasta cinco operaciones realizadas por el banco que tienen indicios de haber sido delictivas y por las que, supuestamente algunos directivos, entre ellos Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, se habría enriquecido personalmente aprovechando su posición en el banco.
Finalmente, el exdirector general de Ruralcaja, Juan Antonio Gisbert, que llegó para evitar la quiebra de la rural valenciana, ha acabado relegado de cualquier cargo de dirección tras la fusión con Cajamar. La razón es que el estado de la rural valencia era penoso y pesaba sobre ella la amenaza de la nacionalización. De momento, Gisbert, que ya ha abandonado la entidad es el único que no tiene abierto ningún proceso judicial.
