VALENCIA. Máximo Buch rompió las quinielas. A pesar del baile de nombres surgido en las últimas semanas para ocupar el puesto de deja José Roca después de dos décadas como presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), ninguno de los que se postulaban como favoritos se han cobrado la pieza. La empresaria castellonense Dolores Font Cortés ha sido elegida presidenta de la entidad con la unanimidad del consejo de administración a propuesta de la Generalitat, la principal accionista de sociedad.

Ajena a la sociedad avalista hasta el mismo día en que ha entrado en el consejo y ha sido nombrada máxima responsable, la dueña de la firma textil de baño Dolores Cortés cumple con la exigencia de ser de Castellón y empresaria, pero adolece de experiencia financiera.

Nacida en la década de los 50 y médico de formación, desarrolló su actividad empresarial desde 1985, cuando se incorporó a la empresa fundada por su madre y que ahora dirige. La consolidación de la marca en el segmento de producto medio-alto y la apertura a los mercado internacionales han sido los principales frutos de su gestión.

Sin adscripción política declarada, su presencia pública por motivos ajenos a la empresa se produjo al ser elegida presidenta de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Desde este cargo inició un enfrentamiento con el diseñar Alex Vidal por la gestión de la Valencia Fashion Week, a la que el modisto accedió por designación directa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sin concurso de méritos ni de proyectos, como denunció la empresaria.

CONSEJERA A PROPUESTA DEL IMPIVA

Su entrada en el consejo se debe a la dimisión del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, a causa de su imputación en el caso Nóos. Aunque Vela fue relevado por su sucesor, Fernando Díaz, éste ya estaba en el consejo como presidente del Instituto Valenciano de Estadísticas (IVE), con lo que el juego de las sillas seguía dejando un hueco que había que cubrir.

El conseller Buch optó por que fuera el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (IMPIVA) quien asumiera la designación del consejero. En lugar de situar a su director, la necesidad de incrementar la presencia de empresarios de Castellón para componer una tripleta más ámplia de candidatos hizo que se presentara a Font Cortés como representante del instituto.

Tras la negativa de Carlos Cabrera a asumir el puesto, los aspirante a la presidencia habían quedado reducidos a dos: Salvador Lluch (a propuesta de la Cámara de Comercio de Castellón) y Joaquín Farnós, empresario e hijo del expresidente de la Diputación castellonense y exconseller de Sanidad.

Aunque el primero había sido director territorial de Bancaja en Castellón, en sus actividades empresariales está estrechamente vinculado con el presidente del PP de Castellón y secretario general de la Cámara de Comercio, Carlos Fabra. Además de haber sido designado para el cargo en la SGR por la cámara castellonense, el empresario es consejero de la empresa Golf del Mediterráneo, de la que es presidente el político.

Por su parte, Joaquín Farnós de los Santos empezó a despuntar como una buena alternativa ante las tensiones generadas por Lluch, que quería imponer un director general también de Castellón, algo a lo que se oponian los representantes de Valencia. Licenciado en marketing por el ESIC, dirige desde hace 21 años el Hotel Termas Marinas El Palasiet, un centro especializado en tratamientos de talasoterapia que fundó su padre, Joaquín Farnós Gaucha, exconseller de Sanidad y antecesor de Carlos Fabra en la presidencia de la Diputación de Castellón.

 UN JOVEN EJECUTIVO PARA EL DÍA A DÍA

Con un alto grado de discreción, pero con menos sorpresas, se ha optado por Santiago de Santos como consejero delegado, puesto que sume todas las funciones del anterio director general. Procedente de la tenedora Bancaja Centro de Estudios y director de mercado de capitales en la entidad, De Santos ronda los cuarenta años y fuentes del sector destacan su profesionalidad y marcado perfil técnico.

Desde un principio se sabía que los tres financieros designados por la Generalitat para el consejo iban a tener un papel marcadamente técnico. Además de De Santos, se barajaban los nombres de Joaquín Maldonado (banco Mediolanum) y Adolfo Porcar (Bancaja).

En la vicepresidencia se ha situado a los empresarios Carlos Cabrera, por Castellón; Salvador Navarro, presidente de la CEV, por Valencia y Antonio Alonso por Alicante. La reunión del consejo de adminsitración también ha servido para realizar el primer reemplazo, ya que el empresario alicantino Antonio Medina, el único que repetía por esa provincia, deja el puesto a Antonio Martínez, de la patronal alicantina Coepa.

UNA SGR PÚBLICA AL 40%

La institución que pasa a presidir Font Cortés es el resultado del rescate realizado por la Generalitat al reunir los 60 millones de euros comprometidos el pasado 29 de marzo para recapitalizarla y ampliar su presencia hasta alcanzar el 40% del accionariado.

Si los 14 millones de euros para el Fondo de Provisiones Técnicas salieron de la renuncia del IVF a un crédito de 15 millones de euros destinado al 'Fondo social IVF para incrementar participaciones en SGR de la Comunitat Valenciana', los 45 restantes han sido cubiertos con créditos bancarios a un alto interés y con la redistribución de otras partidas presupuestarias.

De este modo, la Administración valenciana cuenta con el 40% del capital (57 millones de euros), mientras que las entidades de crédito han bajado su porcentaje al 4% y el resto de protectores al 1%, por efecto de la ampliación de capital.

De este modo, el capital protector pasa a representar un 45% del total, en la media del resto de las sociedades de garantía recíprocas españolas, frente al 10% anterior a la reestructuración. Como efecto de estos cambios, el coeficiente de solvencia de la entidad alcanzaría el 10%, superando el límite legal del 8%.

LOS PEORES RESULTADOS DE LA HISTORIA

La SGR cerró 2011 con unas pérdidas de 55 millones de euros, frente a los 2 millones registrados en 2010. Los avales concedidos habrían alcanzado los 263 millones; los avales formalizados acumulados, 6.457 millones y el riego vivo, 1.222 millones. El margen de explotación se situaría en 11,9 millones de euros y se habría destinado 67 millones a dotaciones.

Respecto este último aspecto, 36 millones se habría destinado a dotaciones objetivas por la morosidad de la entidad y 31 millones por motivos subjetivos como el deterioro de la entidad o las pérdidas continuadas.