VALENCIA. La Generalitat Valenciana no realizó ningún análisis sobre los riesgos de conceder un aval a Feria Valencia pese al elevado montante de los créditos que tenía que respaldar ante un posible impago de la institución ferial. Así consta en el informe realizado por la Intervención General, adelantado este lunes por ValenciaPlaza.com, y en el que se desgranan tanto los elevados sobrecostes en que incurrió Feria Valencia así como la obligación de la Generalitat de pagar 1.027 millones por su condición de garante.

En el informe se relata cómo el Instituto Valenciano de Finanzas, dirigido entonces por Enrique Pérez Boada, aceptó en noviembre de 2004 diseñar la operación de financiación de la ampliación de Feria Valencia. La institución había solicitado formalmente por carta la colaboración del IVF para conseguir el dinero necesario para ampliar el proyecto inicial en 262 millones de euros, que se uniría a los 325 millones que ya se habían obtenido de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una emisión de obligaciones, ambos avalados también por la Generalitat. 

El IVF realizó su trabajo y propuso una estrategia de financiación en la que el papel de avalista de la Generalitat, de nuevo, era básico, ya que garantizaba el cobro a los prestadores, el BEI, tres bancos alemanes y el ICO.

Este es un elemento esencial, ya que en ese momento ya estaba en vigor el acuerdo anterior entre la Generalitat y Feria Valencia, el que permitió obtener el primer tramo de la financiación, y se había puesto de manifiesto que el beneficio generado por la institución ferial era del todo insuficiente para atender los pagos anuales, obligando al Gobierno valenciano a pagar la práctica totalidad de las cuotas de los años 2003 y 2004.

Añadir 262 millones de euros al endeudamiento de Feria Valencia implicaba duplicar el importe que se debía satisfacer cada ejercicio a los acreedores al amparo de los beneficios de la actividad ferial. Pese a la necesidad de analizar la situación en que quedaría la economía de la institución con el incremento del pasivo, el informe de la Intervención de la Generalitat desvela que "no hay constancia de la existencia de ningún análisis sobre los riesgos de la estructura financiera y endeudamiento" de Feria Valencia. 

Las consecuencias de esta ligereza llegaron con la crisis económica que arrastró al negocio de la institución, provocando que dejara de tener beneficios. Desde 2009 Feria Valencia no ha hecho ninguna aportación a los pagos anuales, que han corrido íntegramente a cargo de la Generalitat, ni ha cumplido con las obligaciones contractuales de aportar una cantidad económica anual a un fondo que debía servir para pagar las amortizaciones del capital cuando llegara el caso.

LA INTERVENCIÓN PIDE QUE SE MODIFIQUE EL CONVENIO

El informe de la Intervención considera que la Generalitat debe apuntarse en sus cuentas las obligaciones contraídas por la ejecución del aval hasta el vencimiento de todos los créditos en 2029, puesto que considera que Feria Valencia no podrá pagar nada más.

Este es un elemento de controversia y una de las alegaciones que ha presentado la institución, según ha podido saber ValenciaPlaza.com. Feria Valencia considera que no se trata de un aval sino de una subvención variable. No es un hecho menor, ya que en el caso de que se mantenga la opinión de la Intervención, igual que la Generalitat debe apuntarse que debe 774 millones (entre capital e intereses; ya ha pagado 253 millones), Feria Valencia tendría que anotarse cada año en el balance lo que tendría que devolver a las arcas públicas, provocando una situación de quiebra.