MADRID (EP). El coste de las bajas laborales por contingencias comunes en la distribución alimentaria ha ascendido a los 1.180 millones de euros en 2025 en España, según los datos del 'Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025)' presentado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

En concreto, de esta cifra, el coste de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las mutuas alcanzó los 656 millones de euros (56% del total) y el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones de euros (un 44% del total). Así, el incremento interanual fue de un 13% respecto a 2024 y de un 155% respecto a 2018.

En este contexto, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha calificado de "grave" y "serio" este problema, que en los últimos años en la distribución alimentaria ha alcanzado unas "dimensiones importantes". "Nos hace pensar que es un grave problema social al que nos enfrentamos. En los últimos años se ha disparado y se ha convertido en un fenómeno anormal", ha advertido.

García Magarzo ha advertido de que el absentismo, al que ha calificado como "pandemia silenciosa", es un fenómeno "dañino" para el modelo de negocio de los supermercados. "No somos de los sectores más perjudicados, pero estamos gravemente afectados y como sociedad no nos lo podemos permitir. Trabajamos para que los empleados recuperen su salud cuanto antes y que dispongan de los mejores medios para hacerlo, pero cuando adquiere tintes de anormalidad, hay que atajarlo", ha subrayado.

En 2025, para la población protegida por las mutuas, las bajas por enfermedades o accidentes no laborales en el sector de la distribución alimentaria sumaron 386.687, un 9% más respecto al 2024 y un alza del 67% respecto a 2018. De estos trabajadores, el 6% concentró el 49% de las bajas.

Estas cifras representan dos puntos porcentuales más que el total de la población general protegida por las mutuas, que, con 6,3 millones de procesos de bajas, experimentó un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 58% respecto a 2018.

Además, el informe revela que las patologías traumatológicas registradas para la población protegida por las mutuas en el entorno no laboral de la distribución alimentaria es un campo con posibilidades de mejora. Así, el análisis apunta a que este tipo de dolencias tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los Servicios Públicos de Salud, mientras que las mismas duraron de media 45 días cuando fueron tratadas por las mutuas.

"Los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes", ha asegurado el director gerente de Amat, Pedro Pablo Sanz, que ha precisado que se podrían ahorrar 212 millones de euros en la distribución alimentaria y más de 3.500 millones de euros en España.

El análisis señala que entre la escalada de las bajas y su duración destaca el 'laberinto burocrático' existente para su gestión, la falta de médicos en atención primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el incremento de las listas de espera en la Sanidad Pública, entre otras causas.

Respecto a los días en los que se concentran más bajas, el informe revela que los lunes concentran el 22%, seguidos por los viernes (16%), mientras que los fines de semana suman el 10% de las mismas para la población protegida por las mutuas.

El tramo de edad de 16 a 35 años fue el que mayor incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las mutuas tuvo en el ejercicio 2025, con 50,66 procesos al mes.

García Magarzo ha mostrado su preocupación por la diferencia de edades entre los que se dan las bajas, donde se ha consolidado entre los más jóvenes. "Las personas más jóvenes tienen más bajas que los de más edad y todos intuimos que puede haber un porcentaje de fraude. El nuestro es un sector joven y nos preocupa que año tras año se dan estas circunstancias, que se ha consolidado", ha reconocido.

Así, este indicador se ha elevado un 152% en este tramo de edad desde el ejercicio 2018, mientras que para los trabajadores con más de 55 años ha descendido un 32%, situándose en 25,85 procesos al mes.

Los procesos finalizados registran una mayor duración en los mayores de 55 años, alcanzando una media de 97 días (un 0,34% más que en 2024 y un 32% más sobre 2018). Este indicador desciende en relación con la edad; así, los trabajadores entre 36 y 55 años registran una media de 56 días de baja y los más jóvenes de 24 días.

Asedas aboga por incorporar a las mutuas

Por su parte, el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reconocido que las cifras de absentismo en el sector son "preocupantes".

"Estamos ante un gran problema, sea la etiqueta que sea, hay que solucionarlo, porque las cifras no bajan y se agrava la situación. Hablamos de una realidad que existe y que tiene dos partes distintas, el del jeta y el profesional del absentismo y el que tiene otro tipo de solución, por eso necesitamos la colaboración de todos para encontrar una solución", ha reiterado.

En este contexto, Duran i Lleida ha abogado por "incorporar a las mutuas" y que se activen convenios entre las comunidades autónomas y mutuas para paliar el impacto del absentismo. "Pedimos al Gobierno que profundice para encontrar soluciones, porque es un problema social, ya que el que cumple con sus obligaciones se da cuenta que en su entorno se encuentra con colegas que no acuden a su puesto de trabajo", ha indicado.

Seguridad social pide más implicación de la sanidad pública

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha avanzado que el "fraude hay que combatirlo", pero ha señalado que se trata de un "problema complejo que exige una respuesta en el ámbito sanitario, por lo que es imprescindible una mayor implicación de los servicios públicos de salud".

Así, ha vuelto a reiterar el "compromiso" del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para lograr la mayor "colaboración" entre las mutuas y las comunidades autónomas.