Esta solicitud cursada ante Bruselas se inscribe en las ya presentadas por otros países comunitarios que desean ampliar el periodo en el que el Estado puede respaldar las colocaciones de deuda privada de sus entidades financieras.
Se trata de la tercera vez que el Gobierno pide a la Comisión Europea que prolongue el régimen español de garantía para entidades de crédito, que se autorizó el 23 de diciembre de 2008 para hacer frente al agravamiento de la crisis financiera tras la quiebra de la entidad estadounidense Lehman Brothers.
Dicho plan de avales fue prorrogado el 26 de junio de 2009 y el 1 de diciembre de 2009, cuando la renovación acarreó un incremento del precio que se cobra a las entidades por beneficiarse de estas garantías y se estableció la obligación de hacer un estudio de viabilidad a las entidades que siguieran dependiendo en gran medida de la ayuda estatal.
El objetivo de dichos cambios era incitar a los bancos a que se autofinancien progresivamente en los mercados sin apoyo del Estado y limitar así las distorsiones de competencia.
Según los últimos datos actualizados del Tesoro Público, con fecha del 11 de noviembre de 2010, unas 66 entidades financieras realizaron un total de 179 emisiones de deuda con aval del Estado por importe conjunto de más de 56.000 millones de euros con cargo a los programas de 2008 y de 2009.
