El magistrado ha dictado un auto por el que admite a trámite la solicitud que ambas empresas presentaron el pasado 5 de octubre y las declara en concurso de acreedores, ante la "situación de insolvencia" que se deriva de las circunstancias expuestas en el escrito y de la documentación aportada junto con el mismo.
En la resolución, se decreta la intervención de las facultades de administración de la mercantil deudora, de modo que su ejercicio ordinario queda sometido a la administración concursal, cuyos miembros ya han sido nombrados.
Según las mismas fuentes, los administradores concursales son un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil, un letrado (en ambos casos con una experiencia profesional de al menos cinco años de ejercicio efectivo), y un representante de los acreedores.
El grupo constructor valenciano, con una trayectoria de más de 50 años en el sector de obra civil y obra pública, decidió solicitar la declaración de concurso de acreedores tras acumular impagos del sector privado por valor de cuatro millones de euros en los últimos dos años.
Fuentes de la compañía explicaron a Europa Press que, aparte de soportar esa "alta morosidad" privada, también se vio inmersa en varios procedimientos concursales que agravaron la situación en la que se encontraba tras la importante caída de actividad registrada en el sector.
En cualquier caso, recalcaron que la intención de la constructora es "continuar con la actividad" dado que cuenta con "suficientes recursos propios y la capacidad necesaria para gestionar las obras y seguir adelante".
"Somos una empresa tradicional, con mucha historia y vamos a continuar con nuestra actividad porque somos una empresa bastante autosuficiente, así que vamos a continuar cumpliendo nuestros contratos y saliendo adelante", sentenciaron las mismas fuentes.
