VALENCIA (LUIS A. TORRALBA). El proceso de desbancarización en la Comunitat Valenciana alcanzó el pasado ejercicio cotas inimaginables hasta hace unos pocos años, cuando el número de oficinas en las tres provincias totalizó 3.331. O lo que es lo mismo: la cifra más baja desde que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) elabora sus informes anuales desde 1991.
Solo en lo que va de crisis, el número de oficinas bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, se ha reducido algo más de un tercio -concretamente un 34%- al pasar de las 5.061 de su máximo histórico en 2008 a las 3.331 frente a la caída de un 26% en el conjunto nacional donde se ha pasado de las 45.662 de aquel año -récord histórico- a los 33.527 de 2013.
Algo lógico teniendo en cuenta el auténtico desmoronamiento de la 'City' valenciana plasmado en la desaparición de Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Ruralcaja.
Por no hablar de la absorción del Banco de Valencia y de los procesos posteriores iniciados por La Caixa, Bankia, Banco Sabadell y Cajamar, lo que ha provocado una auténtica saturación del mercado inmobiliario, tal y como publicó este diario hace dos meses.
POR DEBAJO DEL 10%
Además, por primera vez también desde hace 23 años -cuando arrancó la serie histórica del otroro brazo ejecutor de la política financiera del Consell-, el número de sucursales bancarias de la Comunitat representa menos del 10% sobre el conjunto nacional, dado que a 31 de diciembre pasado suponía el 9,94%, cuando en 2008 representaba el 11,08%.
Para Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valencia, investigador del IVIE y colaborador del CUNEF, "sigue la tonica general de España en que la red ha retrocedido al nivel de hace mas de 25 años. Es lógico dados los excesos del pasado que hay que corregir, por lo que todavía se reducirán más".
Por su parte, Manuel Illueca, profesor de Finanzas y Contabilidad en la Universitat Jaume I e investigador del IVIE, tiene claro que "asistiremos a nuevos procesos de concentración bancaria y ello conllevará más cierres de oficinas". A su juicio, este proceso podría impactar directamente en el mundo rural "donde personas de avanzada edad sufrirían un proceso de exclusión que la Generalitat y las entidades financieras deben de subsanar".
