VALÈNCIA. El grupo parlamentario del PP en Les Corts ha registrado varias enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (la conocida como ley de acompañamiento) con las que propone modificar distintos aspectos de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. El principal cambio pasa por reforzar la planificación de las políticas de fomento del sector mediante la obligación de elaborar, aprobar y evaluar un Plan de Apoyo y Fomento del Cooperativismo con una vigencia de cuatro años.
La propuesta atribuye expresamente al Consejo Valenciano del Cooperativismo la elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de este plan, que se configura como el instrumento de planificación de las políticas y actuaciones impulsadas tanto por la Generalitat como por el propio movimiento cooperativo para promover este modelo empresarial.
En este sentido, una de las enmiendas modifica las funciones del órgano consultivo para incorporar entre sus competencias la redacción y evaluación del plan, mientras que otra reforma el artículo dedicado al propio instrumento de planificación para ampliar su vigencia de los actuales dos años a cuatro. Además, el seguimiento de su ejecución dejaría de realizarse mediante informes semestrales para pasar a un único informe anual, que deberá recoger el grado de cumplimiento de las actuaciones previstas.
Con estos cambios, los populares plantean una planificación de carácter cuatrienal del impulso al cooperativismo, al tiempo que reducen la frecuencia de la rendición de cuentas sobre su desarrollo, sustituyendo los informes semestrales por un balance anual.
Junto a estas modificaciones de carácter organizativo, el PP incorpora una tercera enmienda que afecta al régimen de las cooperativas de trabajo asociado y, en concreto, a la situación de los socios trabajadores cuando sean declarados en incapacidad permanente.
La propuesta establece que los estatutos de cada cooperativa podrán determinar si la declaración de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta o de gran invalidez conlleva la continuidad del socio trabajador o, por el contrario, la extinción de la relación societaria mediante una baja obligatoria. Asimismo, deberán regular el procedimiento para adoptar esa decisión.
En caso de que los estatutos no contemplen esta cuestión, la enmienda remite a lo previsto en la legislación estatal aplicable. De este modo, la reforma pretende dotar de mayor seguridad jurídica a las cooperativas para afrontar este tipo de situaciones, dejando margen para que cada entidad adapte la regulación a sus propias necesidades.
Las tres enmiendas forman parte del paquete de modificaciones registrado por el grupo popular al proyecto de ley de acompañamiento y suponen una actualización puntual de la Ley de Cooperativas centrada, por un lado, en la planificación y gobernanza de las políticas de impulso al cooperativismo y, por otro, en la regulación de determinados aspectos del régimen de los socios trabajadores.
