VALENCIA. Con su nombre por delante. Así fichó el conseller de Economía, Máximo Buch, a buena parte del equipo que debían salvar a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) de la quiebra. Tras reducir a 18 el número de miembros del consejo de administración el día 30 de abril, la idea era que este nuevo consejo definiera el futuro de la entidad, dedicada a avalar créditos a pymes.
Pero el descubrimiento de un nuevo agujero millonario hizo saltar por los aires este intento de refundación. A los cinco meses de la primera reunión del consejo, celebrada el 30 de mayo, nueve de los miembros han dimitido por distintas causas y sólo dos de sus puestos han sido cubiertos. La necesidad de atender a lo más urgente (captación de apoyo financiero, ajustar el personal y satisfacer la exigencias del Banco de España) han hecho que se deje de lado buscar relevos.
Los últimos en dimitir han sido el empresario alicantino de alimentación Jesús Navarro (Carmencita) y el castellonense Joaquín Farnós, hotelero e hijo del que fuera conseller de Sanitat con Eduardo Zaplana. Antes ya lo hizo el representante de la Cámara de Comercio de Castellón, Salvador Lluch, que llegó a sonar como presidente en mayo; Isabel Cosme, presidenta de la patronal del comercio de Valencia, Cecoval; y Manuel García Portillo, presidente de Tecnidex.
LA SALIDA DE LOS HOMBRES DE BUCH
De hecho, el consejo anunciado inicialmente ya se estrenó con una baja. Quien debía llevar la voz cantante en el cambio estratégico de la entidad por decisión del conseller Máximo Buch, el entonces director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, no llegó a tomar posesión.
Su imputación por el caso Nóos le obligó a dejar sus cargos públicos el 15 de mayo, lo que ya retrasó la constitución del consejo. Su vacante fue asumida por el Impiva, que cedió el puesto a Dolores Font, responsable de la empresa textil castellonense Dolores Cortés, que sería nombrada presidenta.
Tampoco llegó a esta primera reunión el alicantino Antonio Medina, vicepresidente de la Asociación de Industriales del Calzado de Elche, que fue sustituido por Antonio Martínez, responsable en Alicante de la mutua laboral Asepeyo y miembros de la patronal alicantina Coepa. Medina era el único representante por su provincia que se mantenía en el cargo tras la remodelación.
A mediados de agosto transmitieron su renuncia los dos consejeros de más marcado carácter financiero: Joaquín Maldonado, responsable en la Comunitat Valenciana de Banco Mediolanum; y Adolfo Porcar, vinculado a Bancaja. Ambos, junto a Santiago Santos, nuevo consejero delegado de la SGR, fueron captados por el entorno del propio conseller Buch que confiaba en sus conocimientos para definir cómo sacar adelante un nuevo modelo de negocio para la entidad.
De la distribución inicial aprobada por la asamblea de abril, únicamente continúan tres de los seis propuestos por la Generalitat (Santiago Santos, Enrique Montes y Fernando Díaz), dos de los cuatro representantes de la provincia de Castellón (Carlos Cabrera y Rafael Montero); dos de los cuatro de la de Valencia (Salvador Navarro y Juan Eloy Durá); y dos de la de Alicante (Antonio Alonso y Cristóbal Navarro)
REDUCCIÓN DE PLANTILLA Y VENTA DE LA SEDE
Ninguno de los conocedores de la situación de la entidad le arrienda la ganancia a Santos, que ha quedado al frente de la SGR, aunque disponga del apoyo de los dos hombres fuertes del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y también consejeros de la SGR por designación de la Generalitat: su director, Fernando Díaz, ex colaborador de Buch en el fondo Tandem; y el director del área de inversiones, Enrique Montes.
Las primeras decisiones del consejero delegado han sido de envergadura y se han concretado en una reducción de capital de 90,1 millones de los 142 millones de euros de los que disponía hasta ahora, acompañada de una reducción de personal del 47%, una organización directiva y el abandono de algunas de sus sedes, como la central de calle Amadeo de Saboya en Valencia.
En este sentido, la convocatoria de la próxima junta general extraordinaria de socios, prevista en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia para el jueves 8 de noviembre en primera convocatoria y para el viernes 9 de noviembre en segunda, servirá para la modificación del domicilio social de la entidad, fijado hasta ahora en ese inmueble.
