CASTELLÓ. La negociación a tres bandas (trílogo) en el seno de la Unión Europea sobre la propuesta que aborda la posible creación de un benchmark propio de CO₂ para el azulejo comenzará el próximo 12 de noviembre. El diálogo se desarrollará entre el Parlamento Europeo, que llevará a la mesa de negociación el último acuerdo que recoge una referencia sectorial específica, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros.
Este proceso culminará antes de final de año y, en él, la industria cerámica se juega su última baza para conseguir una referencia propia con la que calcular los derechos gratuitos de emisión de CO₂. De esta forma, evitaría el recorte del 34% aprobado inicialmente por la Comisión Europea. La negociación no será fácil, ya que habrá que convencer a países como Alemania y Francia, que hasta el momento se han opuesto a esta medida. Sin embargo, la votación del pasado 22 de octubre a favor de una resolución que contempla la creación de un benchmark propio abre una ventana de oportunidad. Además, salió adelante por una abrumadora mayoría: 474 votos a favor y solo 82 en contra.
El respaldo de eurodiputados de Francia y Alemania refuerza las posibilidades de la cerámica, aunque la posición de los Estados miembros y la de la Comisión Europea no tiene por qué coincidir con la del Parlamento. No obstante, la posición mayoritaria de la Cámara Europea será escuchada y el apoyo de diversos grupos políticos, como el Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales, entre otros, será importante en el proceso conocido como trílogo, en el que participan el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros.
Para llegar a la propuesta del Parlamento Europeo fue clave el trabajo de Ascer, que ha aportado información y datos sobre la realidad de la industria y ha trasladado sus reivindicaciones, junto a las de otros productores del sector en países europeos como Italia. Junto a las asociaciones industriales, también se han movilizado los gobiernos regionales de la Comunitat Valenciana y Emilia-Romaña, así como el Gobierno central.
También ha sido decisivo el trabajo en el Parlamento Europeo de los eurodiputados del PP, Susana Solís; del PSOE, Leire Pajín, y de Compromís-Sumar, Vicent Marzà.
Ahora queda rematar una labor de presión que comenzó hace un año, cuando la Comisión Europea anunció el recorte del benchmark que actualmente acoge al azulejo, el de combustibles. La propuesta suponía un ajuste del 34% en los derechos gratuitos de emisión de CO₂ para la industria cerámica. La Comisión Europea no atendió luego las alegaciones presentadas por empresas de España e Italia y por otros agentes del sector en distintos países europeos. Finalmente, solo accedió a reajustar las asignaciones gratuitas de forma general, lo que rebajó el recorte del 34% al 20%, pero sin aceptar la creación de un benchmark propio debido a la oposición de Francia y Alemania.
La puesta en marcha de un baremo específico para la cerámica no solo frenaría el recorte, sino que podría aumentar los derechos gratuitos de CO₂ hasta un 12 %, tal como puso de manifiesto un informe elaborado por un grupo de expertos vinculado a la propia Comisión Europea. Se trataría de una mejora adaptada a la realidad tecnológica del sector y a sus esfuerzos en materia de descarbonización. Una reivindicación que adquiere especial relevancia en la coyuntura actual, marcada por el incremento de los costes energéticos a raíz de la crisis en Oriente Medio.
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