VALÈNCIA. Más allá de la batería de medidas puesta en marcha por parte del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio, los empresarios y autónomos valencianos también piden al Consell que haga lo que esté en sus competencias para activar medidas de compensación y acompañamiento a las pymes y mercantiles más perjudicadas por el conflicto.

La patronal autonómica, CEV, indica que trasladará a la Generalitat Valenciana la "conveniencia" de implementar mecanismos complementarios de apoyo al tejido productivo. En concreto, solicitan ayudas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial a través del IVACE+i, el IVF y de Afín-SGR, entre otras institucuiones. "Con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las empresas ante un contexto de elevada incertidumbre", agrega la organización empresarial, que este jueves presentó un análisis del golpe que supone esta guerra para las empresas valencianas. 

Por su parte, el colectivo de autónomos también pide al gobierno de Pérez Llorca que intervenga. Según destacó en Valencia este jueves Eduardo Abad, presidente de UPTA, solicitan al Consell que ponga en marcha "medidas urgentes necesarias para sofocar la situación que se va a desprender del incremento de los costes". Según Abad, la Generalitat debe complementar el escudo aprobado por el Gobierno de España. "Pedimos financiación, liquidez con bajos intereses, aplazamiento de impuestos y pedimos que el Gobierno de la Generalitat ponga en marcha medidas de apoyo para los autónomos con pérdidas superiores al 20%", señala Abad, quien advierte que la pobreza en el colectivo autónomo valenciano va en aumento y ya alcanza el 30% de los afiliados.

Por lo pronto, el Ejecutivo autonómico no se ha pronunciado todavía sobre si tiene sobre la mesa algún mecanismo en este sentido y, en caso de querer implementar alguna iniciativa, no es previsible que lo haga hasta el 10 de abril, puesto que en la agenda del pleno de este viernes no figura dicha cuestión y el próximo no se celebrará hasta dentro de dos semanas debido a las vacaciones de Semana Santa.

Cerámica, transporte, distribución y sector primario, sectores más golpeados

Tras analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio en la actividad empresarial, la CEV considera que, aunque las medidas adoptadas por el Gobierno suponen un avance, "existe margen de mejora para reforzar su eficacia y alcance en un contexto de elevada incertidumbre internacional". 

El análisis de la CEV, presentado en la reunión del Comité Ejecutivo y Junta Directiva celebrada en Alicante, sostiene que la situación "está generando impactos relevantes" en distintos sectores empresariales de la Comunitat Valenciana, principalmente a través del incremento de los costes energéticos, el encarecimiento de materias primas, el aumento de los costes logísticos y una mayor incertidumbre en el comercio internacional.

Entre los sectores más afectados destacan aquellos con mayor intensidad energética o mayor dependencia del transporte y de los mercados exteriores, como la industria cerámica, el transporte, la distribución, el sector primario o la construcción. En estos ámbitos, el aumento de costes está ejerciendo presión sobre los márgenes empresariales y dificulta la planificación de la actividad.

El análisis también apunta a que, en un escenario de prolongación del conflicto, estos efectos podrían intensificarse y trasladarse con mayor amplitud al conjunto de la economía, condicionando tanto la actividad como las decisiones de inversión.

Para mitigar esta situación, las organizaciones sectoriales proponen que se activen medidas centradas en cuatro ámbitos principales: apoyo mediante ayudas directas y medidas fiscales para compensar el aumento de costes energéticos; refuerzo de la liquidez empresarial; impulso a la internacionalización y competitividad exterior, y simplificación administrativa y reducción de cargas regulatorias.

Las medidas del Gobieno no compensan los costes

En paralelo, la CEV ha evaluado las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado recientemente por el Gobierno para hacer frente a esta situación. Al respecto, considera que suponen un avance significativo, pero "ni su contenido aborda de forma completa el conjunto de necesidades identificadas por el tejido empresarial ni sus dotaciones resultan suficientes para compensar los sobrecostes que las empresas van a tener que soportar".

En el ámbito energético, indica la CEV, no se contempla un sistema de ayudas directas generalizadas que permita compensar de forma integral el incremento de costes en el conjunto del tejido empresarial, aunque se introducen rebajas fiscales y ajustes en costes regulados.

Asimismo, las medidas fiscales adoptadas se concentran fundamentalmente en el ámbito energético, sin extenderse a una reducción más amplia de la carga fiscal empresarial, según denuncia la patronal. "En materia de competitividad, las actuaciones incluidas tienen un carácter principalmente estructural, centrado en la transición energética, y no abordan de forma directa las necesidades más inmediatas derivadas del aumento de costes", agrega.

En el ámbito internacional, el apoyo "se limita a actuaciones puntuales, sin incorporar instrumentos más amplios" orientados a reforzar la presencia exterior de las empresas o a facilitar su adaptación a los cambios en las rutas comerciales.

Por otro lado, aunque se han adoptado algunas medidas de simplificación administrativa, especialmente en el ámbito energético, "su alcance no es generalizado".  El informe destaca, en todo caso, el carácter ágil de algunas ayudas, como las vinculadas al gasóleo profesional, como ejemplo de buenas prácticas que podrían extenderse a otros instrumentos.

El análisis también señala que determinados aspectos relevantes, como los sobrecostes logísticos internacionales o la necesidad de una respuesta homogénea para el conjunto del tejido empresarial, "no están plenamente cubiertos por el real decreto-ley".

"Además, parte de las ayudas quedan condicionadas a su encaje en el marco europeo de ayudas de Estado, lo que implica su sujeción al régimen de minimis", subrayan. "A ello se suma la ausencia de una estrategia coordinada a nivel de la Unión Europea y de un marco temporal común que evite posibles distorsiones competitivas entre Estados miembros", añade la CEV.

Por este motivo, si el conflicto se prolonga, la CEV considera necesario impulsar un Marco de Ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía, garantizando su adecuada articulación con el régimen de ayudas de minimis y evitando solapamientos o incompatibilidades con el mismo.

"A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que una parte relevante de las medidas planteadas por la CEV no han sido incorporadas o lo han sido de forma parcial en el Real-Decreto ley 7/2026, la Confederación continuará insistiendo, en función de la evolución y duración del conflicto y de sus repercusiones sobre sobre la economía, en la necesidad de ampliar el alcance de las medidas adoptadas, tanto en términos de cobertura como de dotación económica", explica la CEV en un comunicado.