VALENCIA. El Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y el de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, cuya tramitación discurre en paralelo, han nacido con la vocación común de paliar los desequilibrios existentes en el sector agroalimentario.

En España, como en Europa, el sector productor agrario se ve afectado por un alto nivel de atomización, en el que mayoritariamente se integran empresas de pequeña dimensión. La rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural son especifidades propias del sector agrario que la diferencian claramente de otros sectores económicos.

Por otro lado, la industria agroalimentaria está integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, junto con grandes grupos industriales españoles e internacionales. Por último, el sector de la distribución alimentaria está organizado principalmente en empresas con superficies de venta de mediano y gran tamaño que ofertan una amplia gama de productos que, normalmente, pertenecen a grandes grupos de distribución minorista que concentran la demanda en los distintos puntos de venta.

Esta heterogeneidad ha condicionado sin duda las relaciones de los agentes de la cadena alimentaria y ha evidenciado deficiencias que se han visto agravadas en el contexto de la actual crisis económica global. Consciente de esta situación y de la urgencia de mejorar la eficiencia y competitividad del sector agroalimentario, el legislador español, por una vez, se ha anticipado a las autoridades europeas con estos dos proyectos de ley, que verán previsiblemente la luz antes de verano de este año:

El proyecto relativo a la cadena alimentaria plantea un modelo mixto de regulación por un lado, con una batería de medidas imperativas que inciden directamente en la libertad contractual de las partes, y de autorregulación, por otro, con la previsión de códigos de buenas prácticas. Hay que resaltar la intensidad del régimen de control del proyecto, con la creación de una Agencia de Información y Control Alimentarios, con facultades incluso de incoación de expedientes sancionadores, y la previsión de infracciones y sanciones administrativas, entre las que se incluye, entre otras, la posibilidad de que la Administración acuerde la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones muy graves que hayan adquirido firmeza en vía judicial junto con los nombres de los infractores y la índole y naturaleza de las infracciones (lo que puede constituir un importante revulsivo en la práctica para la comisión de las mismas).

Las medidas introducidas con el proyecto relativo a la cadena agroalimentaria se complementan con las que plantea el proyecto de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades agroalimentarias. Este último proyecto persigue básicamente incentivar la integración de cooperativas agroalimentarias a través de la creación de entidades asociativas de mayor dimensión (las llamadas "entidades asociativas prioritarias"), de ámbito supra-autonómico, dejando al margen la integración de cooperativas a nivel autonómico, que es competencia de las Autonomías.

Ambos proyectos han tenido una buena acogida entre los representantes de los productores, pese a entenderlos mejorables en algunos puntos. Así, los productores han planteado, con respecto al proyecto relativo a la cadena alimentaria, que se recoja el establecimiento de precios mínimos o la prohibición concreta de las específicas "ventas a resultas".

Lo consideran en todo caso un buen punto de partida para la protección de sus intereses. En cambio, este mismo proyecto ha suscitado duras críticas en otros sectores, en línea con la opinión de la CNC, por entender, entre otros aspectos, que no plantea realmente medidas que no existan ya en nuestro ordenamiento jurídico, así como por la desmesurada intervención pública que introduce.

Lo que está claro, con independencia del texto definitivo de ambos proyectos, es que con la inminente aprobación de estas leyes se está dando un primer paso hacia el reequilibrio de las relaciones en el sector agroalimentario, y hacia la competitividad y eficiencia del mismo. Su eficacia, sin embargo, va a depender y mucho del grado de control real que ejerza la Administración para su cumplimiento, así como de la accesibilidad y suficiencia de las ayudas que fomenten la integración de cooperativas tanto a nivel supra-autonómico como autonómico en cada Comunidad.
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* Mª José Guillén Ferrer
y Andrea Moya Latorre

(Abogadas de Cuatrecasas)