VALENCIA. Que la época del desmadre inmobiliario fue un despropósito ya no sorprende a nadie. Las consecuencias de aquella euforia por el ladrillo que llevó a media España y a sus bancos a endeudarse hasta límites insoportables se están haciendo tan visibles ahora que a veces se olvida qué clase de fiebre del oro se instaló en la sociedad para que del más pobre al más rico viesen en la compra-venta de viviendas un negocio que solo podía dar más y más beneficios.

Por eso resulta casi un ejercicio de memoria necesario repasar, cuando surgen, las tropelías que se cometieron aquellos años. Y una buena muestra es el caso que ha tenido que juzgar la Audiencia de Valencia y que ha acabado con la condena de un empresario a dos años de cárcel por un delito de estafa en la compra de cuatro edificios en la provincia de Alicante.

Según la sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el empresario Jaime Inocencio Doménech Royo, a través de sus empresas Giraldinna Negocios y Wonka Inermediaria, decidió comprar a finales de 2006 cuatro edificios para dedicarse al sector hotelero, "en el que no tenía experiencia previa". Los cuatro inmuebles, dos ubicados en Benidorm (los edificios Flamingo y Payma), otro en La Nucia (Casa Carmen) y el cuatro en Guardamar del Segura (Edificio Panorama), los comercializaba una sociedad llamada Grandes Espacios Residenciales (GER), con la que Doménech acordó un plan de compra-venta un tanto peculiar.

En lugar de comprarlos directamente, y dado que, según los testimonios de las entidades financieras recogidos durante la vista, no podía acceder al crédito necesario para su adquisición, Doménech y GER diseñaron una operación en dos fases. La primera consistía en que  los propietarios de los cuatro inmuebles vendían los apartamentos de forma individual a particulares buscados a dicho efecto. En la segudna fase, estos compradores ficticios vendían los apartamentos a las dos sociedades de Doménech.

Para atraer a estos testaferros, GER, que fue la encargada de buscarlos, buscó "particulares con un perfil de ingresos bajos, provenientes de nóminas que rondaban los mil euros y quienes por una suma de unos 2.000 o 3.000 euros estaban dispuestos a firmar la compra de un apartamento y el préstamo hipotecario concedido".

Se trataba, aparentemente, de una operación 'puente', es decir, los particulares no tendrían que hacerse cargo de ningún gasto ni cuota del préstamo. Cobraban lo pactado y, después, vendían esos apartamentos a una de las dos sociedades de Doménech, que acabó haciéndose con la propiedad de los apartamentos de los cuatro edificios.

Sin embargo, la operación se torció. Giraldinna y Wonka debían pagar las cuotas de los compradores, y así ocurrió durante un tiempo, hasta que se subrogaran las hipotecas que habían firmado los particulares captados. Pero este último paso nunca se dio. Los testaferros siguieron ostentando la titularidad de las hipotecas a pesar de que habían cedido por contrato privado la propiedad de las viviendas. Y cuando Doménech dejó de transferir las cuotas mensuales a las cuentas de los compradores, todo saltó por los aires. Al menos tres han presentaod denuncia.

La Audiencia de Valencia considera probado en su sentencia que Doménech actuó de mala fe y a sabiendas de que no iba a pagar. El empresario, que tiene sus sociedades domiciliadas en Almenara, aseguró en la vista que tenía intención de pagar y que la ruptura de los abonos fue una causa sobrevenida por la llegada de la crisis.

UN INTENTO DE BURLAR A LOS BANCOS 

El tribunal considera que esa afirmación no es cierta y que Doménech nunca tuvo intención de cumplir con su parte del trato. De haberlo hecho, hubiera pactado las condiciones de subrogación de las hipotecas de los compradores-intermediarios  con las entidades financieras. ¿Por qué no lo hizo? Porque, y así consta en la sentencia, los bancos no le hubieran autorizado la operación. Literalmente, según la testifical de Ruralcaja, una de las entidades implicadas: "Nunca hubiesen obtenido [de Ruralcaja] un crédito de 10 millones de euros para adquirir esos inmuebles", por lo que "buscaron testaferros que se prestaron al engaño" para eludir el control de riesgos de la entidad.

Cuando la sentencia entran a juzgar si Doménech dejó de pagar las cuotas a los testaferros de forma intencionada o no, el tribunal se muestra expeditivo: "Aunque no se descarta que no buscara el perjuicio directo de los querellantes [dos de los testaferros], no lo descartó como una posible eventualidad. Concibió una fórmula en la que si él ganaba, ganaban todos, pero si las cosas iban mal él solo perdía la propiedad de unos inmuebles de los cuales no había pagado más que unos plazos y que había podido explotar en su negocio hotelero". "En otras palabras", dice textualmente la sentencia, "todos los que compraron pisos eran un cortafuegos eficaz en caso de que el negocio no diera los resultados esperados".

Pero hay más, las dos empresas con las que Doménech hizo las operaciones, Giraldinna y Wonka, no solo no tenían ninguna solvencia, sino que habían sido compradas en un vivero de sociedades urgentes poco antes de iniciar la operación.

LOS TESTAFERROS FUERON ENGAÑADOS

¿Qué papel jugaron los testaferros, por tanto, en esta operación? Sabían que estaban haciendo de intermediarios, pero, según la sentencia, Doménech les engañó haciéndoles creer que con el documento de venta privada de los apartamentos comprados con la hipoteca a su nombre no asumirían una responsabilidad personal con los bancos. "Los querellantes en ningún momento consintieron asumir el riesgo real, no siendo conscientes del mismo".

Pero si cobraron los 3.000 euros por participar en la operación, ¿no estaban asumiendo el riesgo? El trinunal responde así: "El pago que recibieron por participar no puede privarles de toda protección ya que sería injusto considerar que por el hecho de aceptar 3.000 euros pueda quedar sin respuesta penal un engaño que provoca la más grave consecuencia económica para el perjudicado, su insolvencia, con la trascendencia que en la vida privada ello conlleva". 

Una estafa por la que el empresario está condenado a dos años y obligado a indemnizar a los dos denunciantes. En la sentencia se cita a una tercera querellante, aunque en otro proceso, pero del propio texto se intuye que fueron muchos los que participaron en esta operación que demuestra, una vez más, los excesos de una época de euforia desmedida por el ladrillo.