"La instalación del interruptor de control de potencia (ICP) implica un gasto innecesario, lo consideramos un disparate eléctrico, ya que las eléctricas tendrán que colocar en breves nuevos contadores con sus propios limitadores", explicó Facua.
El Ministerio aprobó en 2007 un plan de sustitución de equipos de medida por el que a finales de 2010, cada distribuidora eléctrica debería haber actualizado ya un 30% del total de su parque de contadores de hasta 15 kW de potencia. Sin embargo, las eléctricas no lo están cumpliendo, ante la "pasividad" del Ministerio, que mientras no establece sanciones por vulnerarlo, sí las ha fijado para los usuarios que no coloquen los limitadores, apuntó.
Según la normativa que regula la obligación de los usuarios de instalar los ICP, las distribuidoras eléctricas deben remitir dos notificaciones a los usuarios instándoles a hacerlo por cualquier medio que les permita tener constancia de su recepción.
Si pasados veinte días desde la segunda notificación el consumidor no realiza las actuaciones necesarias para instalar el limitador o no contesta a la compañía, su comercializadora tendrá que comenzar a aplicarle la penalización en los recibos.
Para instalar el limitador, el usuario debe abonar a su distribuidora eléctrica 10,66 euros (9,04 más el 18% de IVA) en concepto de derechos de enganche (la verificación y precintado del equipo). Pero si las instalaciones necesitan una adecuación para poder colocar el ICP, "tendrá que contratar a un electricista y pagar decenas o cientos de euros por la adaptación", denunció.
