MADRID (EP). La patronal del alquiler de corta estancia, Fevitur, está analizando posibles acciones de reclamación patrimonial, que alcanzarían los 160 millones de euros, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y está afectando de manera directa a las viviendas de uso turístico, según han informado desde la patronal.

El sector estima que los perjuicios derivados del modelo estatal podrían alcanzar los 160 millones de euros en el conjunto de las viviendas de uso turístico, con un coste medio estimado de unos 33.000 euros por propietario afectado, debido a pérdidas de reservas, gastos adicionales e inseguridad operativa.

Fevitur considera que la resolución del Alto Tribunal confirma las advertencias que venía realizando el sector, al concluir que el Estado carecía de competencia para la creación del registro en los términos en los que fue diseñado, lo que habría generado un sistema de doble control sobre viviendas ya inscritas en registros autonómicos.

Viviendas "gravemente" afectadas

La presidenta de Fevitur y de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (Apturcv), Silvia Blasco, ha señalado que la sentencia afecta a miles de familias, empresas y viviendas que operaban conforme a la normativa autonómica vigente.

Blasco ha subrayado que el problema no radica en la regulación del alquiler de corta duración ni en la coordinación con las exigencias europeas de intercambio de datos, sino en la creación de una arquitectura estatal que, en su opinión, ha resultado "jurídicamente frágil" y ha generado "barreras" de acceso al mercado.

Según la patronal, el reglamento europeo sobre alquiler de corta duración tenía como objetivo mejorar la cooperación administrativa y la calidad de los datos, pero el modelo español habría ido más allá al establecer un sistema de registro estatal que actuaba como filtro para la comercialización online.

Estimación de daños

Fevitur ha indicado que continúa recopilando casos y documentación de operadores afectados para cuantificar los daños y valorar la interposición de reclamaciones contra el Estado.

La organización insiste en que el sistema, ahora anulado, habría generado inseguridad jurídica, retrasos y costes adicionales para propietarios que ya cumplían la normativa autonómica.

El sector considera que la decisión del Supremo abre un nuevo escenario en el que será necesario redefinir los mecanismos de coordinación administrativa en materia de alquiler de corta duración.