VALENCIA. La constructora valenciana de obra pública Franjuán ha solicitado en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia su liquidación. La compañía había alcanzado un convenio con sus acreedores en 2012 tras dos años en concurso.

Franjuán fue una de las primeras compañías en acogerse a la suspensión de pagos para resolver el problema causado por el desplome de la demanda y, especialmente, el efectos de los impagos por parte de la Administración, especialmente la Generalitat Valenciana.

La compañía que dirige Alberto Giner había intentado ampliar su actividad a otros países y ha contado con relevantes contratos en África. Con sedes en Nouakchott (Mauritania) y en Orán (Argelia), Franjuán ha ejecutando diferentes proyectos en Argelia, Mauritania, Mali y Guinea Ecuatorial, además de desarrollar promociones y desarrollos de suelo en la Republica Checa en el entorno de la ciudad de Praga.

LAS FRUSTRADAS ESPERANZAS DE 2012

El convenio, al que se adhirió el 63% de los acreedores de Franjuán, además de prever la viabilidad y continuidad de la empresa, estipulaba los compromisos de pago de los créditos e incluía medidas de calado dirigidas a reestructurar y reorientar la compañía.

En el plan de viabilidad, la empresa aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE), un reducción en los costes salariales , la adaptación más eficiente de los recursos productivos a las necesidades actuales, la reducción de costes fijos y la orientación del negocio hacia áreas con mayor proyección económica, incluyendo el cierre de algunas de ellas.

El plan también incluía orientar la actividad hacia la obra civil, incidiendo en el fortalecimiento del área internacional. En este sentido, la compañía preveía un aumento progresivo de su cifra de negocio y beneficios durante los siguientes 10 años, entendiendo, que el 50% de la facturación debía de generarse en el exterior, un reto que no ha podido alcanzar.