VALÈNCIA. La persistencia del conflicto en Oriente Próximo que asfixia al campo valenciano por el encarecimiento de los costes no hace más que agravarse. Los agricultores de la Comunitat Valenciana ven cómo el tiempo pasa y los gastos de los fertilizantes y el gasóleo continúan disparados mientras siguen esperando las ayudas aprobadas por el Gobierno hace más de dos meses. 

Según explican desde AVA-Asaja, el procedimiento y los requisitos para recibir las ayudas pone trabas al acceso a las mismas. Es el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, el que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, el cual establece un respaldo extraordinario por el incremento de los costes de los agricultores por el uso de productos fertilizantes, que ha llegado a duplicarse. 

Este plan contempla hasta 55 euros por hectárea de regadío y hasta 22 euros por hectárea en secano para mitigar el encarecimiento de los fertilizantes. Sin embargo, este apoyo económico no ha llegado aún a los productores valencianos, según denuncia la organización agraria. "Los agricultores no han recibido aún estas ayudas", señalan desde AVA-Asaja.

Aunque el Ministerio de Agricultura tramitará la subvención íntegramente "de oficio" a partir de los datos de la PAC y de los registros autonómicos de explotaciones agrarias, organizaciones del campo advierten de que la fórmula exclusivamente informática amenaza con dejar fuera a miles de profesionales en la Comunitat Valenciana debido a la brecha digital presente en un sector especialmente envejecido.

El sistema, diseñado para evitar el papeleo inicial, cruzará de forma automatizada los expedientes para publicar directamente un listado de beneficiarios. Sin embargo, el riesgo reside en el proceso posterior, según denuncian desde el sector primario. Una vez publicado el listado provisional en la sede electrónica del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEGA), los agricultores contarán con un plazo de apenas 15 días hábiles para acceder digitalmente y presentar una declaración responsable de aceptación.

Paradójicamente, el Ministerio de Agricultura se ha reservado un margen de hasta cuatro meses para publicar los listados oficiales de beneficiarios en la sede del FEGA, en contraste con el plazo de solo dos semanas habilitados para que los agricultores realicen dicha gestión informática.

Es en este punto donde amenazan con encallar las explotaciones familiares valencianas. El sector denuncia que la exigencia de realizar este trámite exclusivamente de forma telemática, sumada al requisito de haber facturado un mínimo de 5.000 euros en el IRPF de 2024 en caso de no ser beneficiario de la PAC, penaliza directamente al tejido agrario valenciano, caracterizado por su avanzada edad y explotaciones de tamaños reducidos. 

En otras palabras, el Ministerio busca al agricultor de oficio, pero si el productor no tiene firma digital, no se entera de que ha salido en la lista web o no sabe tramitar la declaración responsable en las dos semanas de plazo habilitadas, se queda sin el dinero aunque tuviera derecho a él. 

Las ayudas y créditos suman hasta 800 millones de euros

Ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola. Se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.

Ayuda para la adquisición de fertilizantes. Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias. El Gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. El presupuesto de esta medida asciende a 500 millones de euros.

Ayuda para el acceso a la financiación. El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos.

No se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulta inferior a los 100 euros. Así mismo, las mismas se concederán hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario priorizando la superficie de regadío.

Ayuda compensatoria para la flota pesquera. El incremento de los precios de la energía también repercute en el sector pesquero, tanto el directo por el precio del combustible, como su incidencia en otros costes de producción como los envases para la congelación del pescado. Además, el cierre de los espacios aéreos dificulta la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que faenan en aguas internacionales.

La ayuda compensatoria para cada buque se determinará en función de su consumo diario de combustible, coste semanal de éste y los días de actividad. Además, se tendrán en cuenta también las artes de pesca utilizadas y si opera en caladero nacional o internacional. El presupuesto inicial para esta ayuda es de 25 millones de euros.