MADRID (EFECOM). El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez sostiene que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no cometió un delito de estafa como persona jurídica pero analizará si la entidad debe indemnizar a los cerca de 50.000 afectados por las cuotas participativas.

En un auto publicado este jueves, el magistrado ha decidido abrir una pieza de responsabilidad civil por la emisión de cuotas participativas para diferenciar esa investigación del procedimiento principal, en el que la CAM "es la principal perjudicada" y ejerce la acusación contra seis de sus antiguos responsables por apropiación indebida, falsedad contable y administración desleal.

De hecho, el juez avisa de que la investigación sobre la emisión de cuotas participativas -en la que la CAM sería la acusada- es "extremadamente compleja y podría derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo".

En cualquier caso, Gómez Bermúdez advierte de que no cabe considerar a la CAM penalmente responsable por la emisión de cuotas participativas, ya que la responsabilidad penal de las empresas fue introducida en el Código Penal en 2010 y esas actuaciones tuvieron lugar en el año 2008.

El magistrado considera que la caja es perjudicada ante la presunta comisión por parte de los hasta ahora imputados de la comisión de delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal y, por tanto, en este caso su personación sería correcta en este caso como acusación particular.

"Por el contrario la CAM sería responsable civil subsidiaria del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas de la CAM", dice el juez en su auto. El actual propietario de la entidad es el Banco Sabadell, que la adquirió en subasta pública por un euro.

La CAM entró el pasado mes de julio en proceso de liquidación y disolución tras 137 años de historia, con valor cero de sus cuotas participativas.