CASTELLÓ. A finales de 2025, saltaban las alarmas en la industria cerámica española. La Comisión Europea anunciaba un recorte del 34 % en los derechos gratuitos de emisión de CO₂ con la actualización de los valores de referencia para el periodo 2026-2030, un hachazo que obligaba a las empresas azulejeras de Castellón a destinar más de 100 millones de euros al año a cubrir estos costes.
El sector, a través de la patronal Ascer, inició entonces una campaña de presión que implicó a todos los actores posibles: el Gobierno central, la Generalitat, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y formaciones políticas de distinto signo con representación en el Parlamento Europeo, como el PSOE, el PP y Compromís.
Fue un trabajo destinado a trasladar a Bruselas las reivindicaciones de una industria de dimensiones relativamente reducidas en el conjunto de Europa, pero de suma importancia en la Comunitat Valenciana, donde se concentra en Castellón, y en la región italiana de Emilia-Romaña.
Entonces parecía una misión casi imposible. Sin embargo, esta semana, el respaldo de una amplia mayoría del Parlamento Europeo a la creación de un benchmark específico para el azulejo ha puesto de manifiesto el trabajo realizado por el sector y por los distintos actores implicados y el crecimiento logrado como lobby.
Diversas fuentes destacan, por un lado, la gestión de Ascer, que ha presentado numerosos informes y datos a las autoridades comunitarias para demostrar la realidad de la industria azulejera y advertir de que la propuesta inicial de la Comisión pone en peligro su competitividad, al no reflejar adecuadamente sus características ni tener en cuenta que todavía no dispone de una tecnología madura para descarbonizar determinados procesos productivos. El sector asume que debe avanzar hacia la descarbonización, pero reclama que los plazos se adapten a su realidad. De lo contrario, el sobrecoste podría provocar cierres empresariales o deslocalizaciones.
Junto a Ascer, las mismas fuentes ponen en valor la implicación de la Generalitat, con el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, coordinando la posición del sector azulejero con Madrid y Bruselas. También destacan la defensa del Gobierno central y, especialmente, la labor de eurodiputados como Susana Solís, del PP; Leire Pajín, del PSOE, y Vicent Marzà, de Compromís-Sumar.
Todos ellos han trabajado estrechamente con Ascer para trasladar las reivindicaciones del sector a las instituciones europeas y recabar los apoyos necesarios.
Pajín y Marzà se han implicado especialmente por su condición de representantes de la Comunitat Valenciana, en el caso de Marzà, además, de Castellón. Ambos han defendido las reivindicaciones desde una perspectiva pragmática, teniendo en cuenta las particularidades de la industria y el funcionamiento de la burocracia europea, así como los intereses de los distintos Estados miembros.
Por su parte, Susana Solís no es representante de la Comunitat Valenciana, pero su conocimiento de la industria, como ingeniera, ha sido un aspecto muy valorado. De hecho, fuentes de la patronal señalan que se buscó su colaboración por el trabajo previo que había desarrollado en defensa de industrias como la siderúrgica y la del aluminio.
La reivindicación de la cerámica alcanzó uno de sus puntos culminantes en marzo, con un encuentro organizado en el Parlamento Europeo en defensa de la cerámica, junto a representantes de Emilia-Romaña. En él participaron la consellera de Industria, Marián Cano; el vicepresidente de la región italiana de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; los alcaldes de Onda y l'Alcora, Carmina Ballester y Samuel Falomir, respectivamente; y eurodiputados del PP, el PSOE y Compromís, además de representantes de las patronales de España (Ascer) e Italia (Confindustria).
El principal objetivo para frenar el ajuste de los derechos gratuitos de emisión pasaba por conseguir un benchmark propio. Así lo solicitaron una treintena de empresas del sector, coordinadas por Ascer, en las alegaciones presentadas a la actualización de la Comisión Europea de los valores de referencia de las emisiones de CO2.
Poco a poco, la reivindicación fue calando en las instituciones europeas, aunque sin lograr inicialmente que la Comisión modificara su posición. El sector observaba cómo otras industrias, como la automovilística alemana, conseguían que Bruselas revisara algunos de sus planteamientos iniciales.
En julio llegó una primera noticia favorable. Un grupo de expertos de la propia Comisión Europea presentó un informe sobre el impacto que tendría la aplicación de un valor de referencia específico para la cerámica. El documento ponía de manifiesto que, con este cambio, la industria azulejera no solo dejaría de sufrir la reducción del 34 % de sus asignaciones gratuitas, sino que estas podrían aumentar un 12 %.
En ese momento se abrió una oportunidad, pero tanto la Comisión como una primera reunión de ministros de la Unión Europea rechazaron esta posibilidad, debido a la oposición de Francia y Alemania. La alternativa planteada fue aumentar los fondos destinados a las asignaciones gratuitas. Esta modificación habría reducido el recorte del 34 % al 20 %, pero el impacto económico seguía siendo considerable.
Primer paso clave en el Parlamento Europeo
A partir de ahí, la revisión de los valores de referencia del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) llegó al Parlamento Europeo. Fue entonces cuando Susana Solís, Leire Pajín y Vicent Marzà se pusieron manos a la obra. Los tres forman parte, además, de un foro europeo de la cerámica que recoge los intereses de la industria.
Susana Solís fue clave para introducir una enmienda favorable al establecimiento de un valor de referencia propio en un informe elaborado por un ponente del Grupo del Partido Popular Europeo, así como para recabar los votos favorables de su formación. También ha mantenido la coordinación con la Generalitat y ha ayudado a Ascer a abrir puertas y trasladar sus informes a las instituciones comunitarias.
Leire Pajín, por su parte, desempeñó un papel importante en la obtención de apoyos dentro del grupo socialista. Asimismo, llevó las reivindicaciones del sector ante el comisario europeo de Medio Ambiente y mantuvo el contacto con el Gobierno central. El ministro de Industria, Jordi Hereu, trasladó su apoyo al sector durante una reciente visita a Ascer.
Vicent Marzà también ha trabajado en Bruselas, en coordinación con Pajín, para respaldar a la industria azulejera. Además, votó a favor de establecer un valor de referencia propio durante el pleno del Parlamento Europeo del pasado jueves.
De esta forma, el lobby de la cerámica ha ganado peso en apenas un año. Lo ha hecho por necesidad, ante el riesgo que las decisiones de la Unión Europea suponen para la continuidad de parte de la industria. También se han movilizado otros sectores industriales europeos, que han elevado el tono de sus reivindicaciones y reclaman una política de descarbonización realista, así como medidas frente a la competencia desleal de terceros países, como India y China.
La última fase: el trílogo
Ahora queda la última fase: la negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Estados miembros, en un proceso que se conoce como trílogo.
En esta etapa será clave convencer a Francia y Alemania, que en julio se desmarcaron de las reivindicaciones de la industria cerámica con el benhmark sectorial. Sin embargo, eurodiputados como Pajín y Marzà han puesto en valor el voto favorable de representantes de esos mismos países en el Parlamento Europeo.
Desde Ascer destacan que la aprobación parlamentaria ha sido "muy relevante", aunque mantienen la prudencia hasta que concluya la negociación.
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