CASTELLÓ. La cerámica europea se moviliza para revertir el golpe económico que plantea la Unión Europea en su actualización de los valores de referencia del mercado de emisiones de CO₂ para el periodo 2026-2030. La propuesta contempla un recorte del 34% en los derechos gratuitos de emisión en la cerámica y un impacto de hasta 160 millones de euros anuales para el azulejo español más otros 50 para los esmaltes. Organizaciones empresariales y empresas de la industria de España e Italia - los principales productores europeos-, junto con otros sectores manufactureros tradicionales del continente -carbón, aluminio, cobre, cemento, fundición, vidrio, químico o papel- han presentado alegaciones a la consulta pública abierta por Bruselas. En líneas generales, reclaman un valor de referencia específico para la cerámica que tenga en cuenta su realidad tecnológica y frene el sobrecoste que propone Bruselas.
El Ejecutivo italiano ha presentado su propia propuesta, mientras que España, Francia, Alemania y Estonia trabajan en el seno del Consejo de la Unión Europea para conseguir la implantación inmediata de este benchmark sectorial.
Desde la industria cerámica española, concentrada principalmente en Castellón, han presentado alegaciones a la consulta pública -que finalizaba a las 24.00 horas de este lunes- Ascer, Anffecc, la Diputación de Castellón, los ayuntamientos de Onda y la Vall d'Uixó, Grupo STN, Realonda, Colorobbia España, Vernís, Smalticeram, Tecnigres, Gres de Aragón, Peronda, Colorker, Marazzi España, Grespania, Keraben, Torrecid, Younexa, Fritta, Esmalglass, Vidres, Planomyr, Supercerámica, Porcelanosa, Cerámica Vila, Levantina Techlam, Rosa Gres, ATC Colors y H2SITE.
Desde Italia respaldan la iniciativa el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, la patronal Confindustria y la región productora de Emilia-Romaña. También se han presentado alegaciones desde diversos sectores industriales de Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia, Países Bajos, Bulgaria, Bélgica y Portugal.
"El sistema corre el riesgo de pasar de ser un instrumento para incentivar la reducción de emisiones a un factor de aumento de los costes y pérdida de competitividad, sin beneficios medioambientales proporcionados. Los sectores con emisiones difíciles de reducir siguen careciendo de alternativas plenamente maduras y competitivas. La biomasa y el biometano son limitados, el hidrógeno sigue siendo costoso, la electrificación no siempre es viable y la infraestructura de captura, almacenamiento y utilización de carbono no estará disponible a una escala suficiente a corto y medio plazo", afirma Confindustria, que reclama por ello a la Comisión Europea que congele temporalmente los valores de referencia utilizados para la asignación gratuita en los niveles de 2025.
Los derechos gratuitos ya han bajado un 22,4%
La industria europea de la cerámica, a través de Cerame-Unie, expresa su preocupación por el proyecto de la Comisión Europea y considera que, hasta que se adapte la metodología de evaluación comparativa del sistema a la realidad tecnológica y al potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones, la UE "debería suspender cualquier nueva reducción de los parámetros de referencia del RCDE, que ya son, por término medio, un 22,4% inferiores para la cerámica europea respecto a los valores de referencia aplicados durante el periodo 2013-2020".
Desde España, Ascer lidera las propuestas y solicita a la Comisión Europea que desarrolle "benchmarks sectoriales específicos para aquellos sectores que no disponen actualmente de alternativas técnica y económicamente viables de descarbonización". Asimismo, considera necesario que el reglamento establezca expresamente un marco jurídico y los sectores elegibles, "garantizando la seguridad jurídica, la coherencia regulatoria y una aplicación del ETS acorde con los principios de viabilidad tecnológica, proporcionalidad y eficiencia económica recogidos en la directiva europea".
El clamor de las industrias del viejo continente es generalizado. Defienden la descarbonización, pero rechazan penalizaciones económicas que, a su juicio, solo pueden provocar cierres empresariales, deslocalizaciones y una menor capacidad inversora en proyectos verdes.
Para julio, la Comisión Europea ha abierto la puerta a la posibilidad de crear benchmarks específicos en una revisión que pretende realizar del sistema de comercio de emisiones (ETS). Al mismo tiempo, según fuentes conocedoras del proceso, los gobiernos de España, Francia, Alemania y Estonia están presionando en el marco del Consejo para conseguir este valor de referencia propio antes de que se lleve a cabo la modificación del ETS, con el objetivo de que sea tenido en cuenta en la actualización de los parámetros de medición de los derechos gratuitos que Bruselas impulsa actualmente.
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