CASTELLÓ. La industria cerámica de Castellón tiene este mes una cita crucial en el Parlamento Europeo. La cámara de representación comunitaria debatirá en octubre los valores de referencia (benchmark) del régimen de derechos gratuitos de emisión de CO₂. La Comisión Europea impulsa un recorte en las asignaciones con el objetivo de acelerar la descarbonización, pero ello implica nuevos costes económicos para el sector, que advierte de una pérdida de competitividad. Al respecto, los Gobiernos de España e Italia, junto a eurodiputados del PP, PSOE y Compromís, están trabajando para contener el ajuste y conseguir un benchmark propio para el azulejo.
La actualización del sistema de derechos gratuitos aprobado por la Comisión Europea se debatirá primero en la comisión correspondiente del Parlamento Europeo y, después, en el pleno, para su ratificación o modificación. Y el azulejo no está solo, sino que otras industrias manufactureras europeas también están presionando para que se mantengan las mismas asignaciones y evitar verse perjudicadas ante la presión de la competencia de terceros países, en el caso de la cerámica, protagonizada por India y China.
Una revisión por parte del Parlamento Europeo es esencial para el azulejo, ya que el sector advierte de que un aumento de los costes ligado a las emisiones de CO₂ le perjudica seriamente frente a otros países productores que cuentan con una regulación mucho más laxa que la europea. En estos momentos ya está en vigor el recorte aprobado en julio, que contempla un ajuste del 34% en el benchmark que incluye a la cerámica, aunque en España se ha quedado en el 20 % al incluirse en el cálculo otros parámetros, además del benchmark.
De cara a los debates en el Parlamento Europeo, España e Italia presionan para conseguir un benchmark propio, una medida que no solo acabaría con el recorte, sino que podría aumentarlo un 12 %, tal como recogió un informe de expertos vinculados a la propia Comisión Europea. Eurodiputados del PSOE, PP y Compromís también trabajan para revertir el primer proyecto de la Unión Europea.
La decisión definitiva será fruto de la toma de posiciones de los Estados. En julio, la Comisión rechazó el benchmark propio propuesto por el veto de Francia y Alemania. Entonces solo aceptó un aumento de los fondos para los derechos gratuitos, que rebajó la reducción del benchmark del 34 % al 20 %. Pero el azulejo, al igual que otras industrias manufactureras del viejo continente, insiste en mantener las mismas asignaciones para no perder fuerza a nivel internacional frente a India y China.
El azulejo defiende la descarbonización, pero esgrime que sus plazos han de adaptarse a su realidad tecnológica, ya que todavía no dispone de innovaciones maduras para sustituir el gas por otras alternativas. Además, la cerámica afronta una coyuntura geopolítica complicada por la guerra en Oriente Medio, que ha triplicado el precio del gas y los costes de la cadena logística.
La Alianza Europea de Industrias Intensivas en Energía
Por su parte, la Alianza Europea de Industrias Intensivas en Energía también mueve ficha para que la próxima reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS) se adecúe a la realidad industrial del continente. Esta asociación integra a 14 sectores industriales de Europa, entre ellos la cerámica, a través de Cerame-Unie.
La Alianza reclama al Parlamento Europeo y a los Estados miembros "más tiempo y un análisis en profundidad de la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS)", al considerar que sus efectos sobre la inversión, la producción y el empleo se prolongarán durante la próxima década. Así, insta a evitar un proceso legislativo acelerado y a mantener la asignación gratuita como mecanismo de protección frente al riesgo de fuga de carbono.
Las industrias consideran que la revisión del ETS tendrá consecuencias especialmente relevantes para la competitividad europea en la década de 2030. En este contexto, advierten de que sus empresas afrontan actualmente una combinación "de elevados costes energéticos, prácticas comerciales consideradas desleales, incertidumbre geopolítica, debilidad de la demanda y un entorno poco favorable para la inversión".
Reducción de los costes y de la carga regulatoria
Ante esta situación, la industria pide a las instituciones comunitarias reducir la carga regulatoria y los costes asociados a la actividad empresarial, así como crear unas condiciones que permitan impulsar las inversiones en descarbonización y recuperar la competitividad internacional de Europa.
Sostiene que la transición hacia la neutralidad climática continúa siendo un compromiso, pero considera necesario que la política climática vaya acompañada de condiciones que permitan a las empresas invertir y mantener su producción en territorio europeo. Entre esas condiciones señala el acceso a energía baja en carbono a precios competitivos, una capacidad suficiente de las redes eléctricas y sus conexiones, infraestructuras para el transporte y la gestión de CO₂ y una demanda estable de productos renovables y bajos en carbono.
Uno de los principales puntos de la reforma que genera preocupación en la industria es la propuesta de vincular la asignación gratuita de derechos de emisión al cumplimiento de nuevas obligaciones de inversión. A su juicio, imponer obligaciones específicas a las empresas europeas puede generar nuevas desventajas frente a competidores internacionales que no afrontan costes de carbono equivalentes.
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