CASTELLÓ. El sector del azulejo puso el 2 de diciembre el grito en el cielo ante el plan de Bruselas de reducir los derechos gratuitos de emisión de CO₂ en un 34% entre 2026 y 2030. Este marco persigue reforzar la descarbonización, pero actualmente todas las voces del sector coinciden en que no existe tecnología para reemplazar el gas por otras energías en los plazos marcados por Europa, de manera que la propuesta de Bruselas supondría para el sector un coste anual de hasta 163 millones de euros, una cantidad que pondría en riesgo su supervivencia.
A partir de ahí, la patronal Ascer inició una ronda de reuniones con diferentes administraciones, partidos y sindicatos para reforzar su reivindicación e intentar revertir una decisión que pone en riesgo la principal industria de Castellón. En mes y medio ha celebrado 18 reuniones y ha recabado respaldos importantes del Ministerio de Industria, la Generalitat, la CEOE, UGT, CCOO, PSOE, PP, Compromís y el puerto de Castelló. Así, la patronal se muestra más optimista ante un posible cambio de opinión de la Comisión Europea.
Bruselas prevé publicar su propuesta definitiva a finales del mes de marzo y la resolución final dependerá de los Estados miembros. Para ello se presenta capital el frente común que ha articulado Ascer. Así, el presidente de la patronal, Ismael García, ha destacado que actualmente han cambiado las sensaciones tras los encuentros mantenidos y ha mostrado confianza en un posible cambio de rumbo de Europa. «De las cinco patas que necesitamos en Bruselas, cuatro han trasladado su apoyo», ha resaltado el dirigente empresarial. Uno de los últimos respaldos ha venido del secretario de Estado de Industria, que se ha comprometido a acompañar al sector en Bruselas y ha admitido que la tecnología «no está madura» para materializar la transición energética en las condiciones que exigen las autoridades comunitarias.
Grave riesgo para el futuro del sector
«En nuestra visita a Bruselas el 2 de diciembre vimos el riesgo que había en cuanto a pérdidas de puestos de trabajo e incluso la desaparición del sector, y junto a Alemania, Italia y Polonia nos hicimos eco de esta preocupación. No obstante, vimos que, a diferencia de Italia, estábamos solos, así que empezamos una reagrupación de encuentros, el primero con los sindicatos, a los que hicimos partícipes, siendo conscientes todos del peligro», ha insistido Ismael García, quien ha reiterado la necesidad de que la UE congele su plan. «No se nos puede exigir cambios cuando actualmente no hay tecnología para sustituir el gas por otra energía. No quiere decir que en un futuro no se haga, pero ahora no disponemos de una alternativa», ha remarcado.
La quinta pata es la vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea y exministra, Teresa Ribera, que de momento no se ha posicionado al respecto. Aunque la decisión definitiva no depende de ella, sino de los gobiernos nacionales, su implicación se considera importante por las competencias que dirige en la UE. También se espera una respuesta por parte de otro ministerio con competencias en descarbonización, como el de Transición Ecológica.
La industria ha conseguido la adhesión de la mayor parte del arco político -PP, PSOE y Compromís-, además de un ministerio clave como el de Industria. Los europarlamentarios populares, socialistas y de Compromís han trasladado su intención de presionar en Bruselas contra el plan del CO₂ y en defensa del sector cerámico. También lo han hecho tres consellerias de la Generalitat (Economía, Medio Ambiente e Industria) y la CEOE. Esta última se ha implicado junto a sus homólogos en Italia y Alemania, que también trabajan para congelar la propuesta de la Comisión Europea.
Ascer espera que este conjunto de actores acompañen al sector en su próxima visita a las instituciones comunitarias.
El ejemplo de Alemania
El tiempo apremia, pero las advertencias de Ascer sobre el grave peligro que corre el azulejo si la UE mantiene sus planes con el CO₂ han surtido efecto en el conjunto de la sociedad civil. En el sector tienen en mente el ejemplo de la flexibilización de la política europea de combustibles en automóviles tras la presión de Alemania, que logró excepciones clave y que la UE aceptara la venta de motores de combustión a partir de 2035. La industria alemana también alertó del grave impacto que tendrían los exigentes plazos de la Comisión en uno de los motores económicos del país.
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