CASTELLÓ. Industrias estratégicas de la Unión Europea, entre ellas la cerámica, intensifican su campaña ante Bruselas para que congele el nuevo marco regulatorio de CO₂ para el periodo 2026-2030, cuya aplicación está prevista al término de este mes y que supondría un coste adicional para el azulejo castellonense de cerca de 160 millones de euros al año. Doce sectores impulsaron en febrero un manifiesto en el que advertían de la gravedad de las crisis actuales y de la incertidumbre internacional. Asimismo, señalaban que no se cumplen las condiciones -fundamentalmente por la falta de infraestructuras adecuadas- para implementar la descarbonización en los plazos exigidos por la Comisión Europea. Ahora hay que añadir el nuevo conflicto por la guerra en Irán.

Las doce federaciones europeas incluyen a industrias de alto consumo energético, como el azulejo, el cemento, la construcción, el transporte, la energía, las baterías, los semiconductores, la seguridad alimentaria y la defensa. El 12 de febrero, en una cumbre informal de líderes europeos, gobiernos como el de Italia mostraron su rechazo al recorte planteado en los derechos gratuitos de CO₂.

Ahora, estas actividades, cruciales en el tejido productivo del viejo continente, insisten en reclamar una suspensión este año de las rebajas de los benchmarks del ETS y de la aplicación del factor de corrección intersectorial (CSCF). En caso contrario, reiteran que habrá una pérdida de hasta el 34 % en las asignaciones gratuitas para las industrias intensivas en energía (EIIs) en comparación con el periodo 2021-2025, otro esfuerzo económico que pondría en riesgo la competitividad de la industria.

Además, añaden en el manifiesto que “el aumento de los costes del carbono en el momento actual va directamente en contra del objetivo del Clean Industrial Deal de restaurar la competitividad y permitir futuras inversiones en descarbonización. Por el contrario, debilitaría aún más la capacidad de las empresas para invertir”.

En esta línea, remarcan también que es esencial que los ingresos del ETS se redirijan íntegramente a los sectores cubiertos por este sistema, “con el fin de apoyar las inversiones en descarbonización. Una respuesta eficaz a las presiones derivadas de los costes del carbono no puede esperar a la revisión del ETS posterior a 2030”.

Asimismo, afirman que el aumento de los costes ha reducido la competitividad y aseguran que el precio del CO₂ es actualmente alrededor de cuatro veces más alto que en el periodo previo al Covid (2020). Al mismo tiempo, añaden, existen “prácticas comerciales desleales y graves disrupciones en el comercio mundial, agravadas por los aranceles de Estados Unidos”.

Campaña de Ascer

De forma paralela, Ascer ha promovido en los últimos dos meses un frente común para intentar revertir el plan de la UE sobre el CO₂, consiguiendo el apoyo de la Generalitat, la CEOE y partidos de distinto signo político como PP, PSOE y Compromís. Además, la patronal ha sido recibida por los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, así como por el gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en defensa de la cerámica.

Esta presión y la nueva coyuntura bélica, que amenaza con disparar de nuevo los precios de la energía por el posible cierre del estrecho de Ormuz, podrían obligar a Bruselas a rectificar su hoja de ruta inicial. Además, desde distintos ámbitos se ha insistido en que estas industrias aún no disponen de la tecnología necesaria para posibilitar una descarbonización inmediata. El propio secretario de Estado de Industria admitió que “la tecnología no está madura”.

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