VALENCIA (EP). El grupo de trabajo sobre Feria Valencia ha analizado este martes el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que concluye que es una asociación de utilidad pública, con personalidad jurídica propia y que está sujeta al derecho privado y, a partir de ese escenario, estudia cómo deslindar el patrimonio y deuda de la institución de la actividad ferial, cómo devolver a la Generalitat la cuantía abonada como avalista y cómo funcionar de forma independiente.

Así lo han indicado a Europa Press diversas fuentes conocedoras del encuentro celebrado en la sede del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y en el que han participado el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el secretario autonómico de Turismo y Comercio, Daniel Marco, la directora general del IVF, Mariona Roger, y el director general de Feria Valencia, Enrique Soto.

En la reunión se ha estudiado el efecto del dictamen del CJC y también cuestiones relacionadas con ese deslinde en dos sociedades, aunque no se ha alcanzado ningún acuerdo y está previsto que se produzca un nuevo encuentro, de carácter técnico, la semana próxima.

Con el carácter privado de la institución como punto de partida, han abordado cómo seguir adelante con el objetivo común de que Feria Valencia "sea un ente que funcione", tanto por su significado como por el valor que aporta a la Comunitat, subrayan las mismas fuentes.

En cuanto al informe provisional de la Intervención General de la Generalitat conocido hace un mes, que detecta sobrecostes del 86,7 por ciento de media en las obras de ampliación de la feria y calcula que el aval de la Generalitat podría costarle 1.027,59 millones hasta 2029, aseguran que todavía no cuentan con el documento definitivo.