VALÈNCIA. La empresa Servicios Portuarios Garba-Port, con sede en el Muelle Dique del Este del Puerto de València, ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria la ampliación de su concesión administrativa en 1.500 metros cuadrados para la construcción y explotación de una planta de triaje de residuos sólidos. El expediente ha sido sometido a información pública, como parte del procedimiento legal para la modificación de concesiones sobre dominio público portuario.

Garba-Port opera en el puerto desde su constitución en 2002, y actualmente es titular de una licencia para la recogida de residuos MARPOL V, es decir, residuos sólidos generados a bordo de buques. Esta actividad se desarrolla en el ámbito portuario bajo el marco del Convenio MARPOL, que obliga a todos los buques a descargar sus residuos en puerto, evitando su vertido al mar. La empresa recoge los residuos directamente de los barcos, mediante contenedores homologados ubicados en los muelles, con el compromiso de no interferir en las operaciones portuarias.

La parcela cuya ampliación se solicita se encuentra colindante a la actual unidad de explotación de la empresa. En ella, Garba-Port proyecta la creación de una planta de triaje, es decir, una instalación destinada a la clasificación y segregación de residuos sólidos con el fin de mejorar su gestión ambiental. El objetivo declarado del proyecto es valorar hasta el 90% de los residuos gestionados, contribuyendo así al cumplimiento de los principios de la economía circular y a una gestión más rigurosa y eficiente de los residuos portuarios.

El desarrollo de esta planta implicaría incrementar la plantilla dedicada a tareas específicas de segregación, mejorando los procesos internos y la capacidad operativa de la empresa. Según el documento de solicitud, esta ampliación responde a la necesidad de adecuar sus medios a las exigencias actuales en materia de sostenibilidad y tratamiento de residuos.

Garba-Port, cuyo domicilio fiscal también se ubica en el Puerto de València, tiene como objeto social la retirada de residuos sólidos derivados de actividades industriales y mercantiles, dentro y fuera del entorno portuario. Su solicitud de ampliación queda ahora a disposición de los interesados durante el plazo legal establecido, como parte del proceso de evaluación pública antes de una posible aprobación por parte de la Autoridad Portuaria.